El PP quiere blindar la prisión permanente revisable para evitar beneficios a presos etarras
La iniciativa popular busca impedir flexibilizaciones penitenciarias antes de cumplir los plazos mínimos, tras el uso de resquicios legales por presos de ETA que acceden a regímenes de semilibertad
El etarra Txeroki a su salida de la cárcel
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende reforzar la legislación penitenciaria para impedir que los condenados por los delitos más graves, especialmente terrorismo, puedan acceder a beneficios penitenciarios antes de cumplir íntegramente los plazos mínimos establecidos por la ley. La iniciativa responde al malestar generado por la aplicación de mecanismos de flexibilización de condena a presos de ETA, que los populares consideran incompatibles con el espíritu de la prisión permanente revisable.
El detonante ha sido el caso del histórico dirigente de la banda terrorista ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, al que se ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este precepto permite compatibilizar el segundo grado con elementos propios del tercero, introduciendo un régimen de semilibertad que, según el PP, desvirtúa el cumplimiento efectivo de las condenas por delitos de extrema gravedad.
Los populares denuncian además que en el País Vasco presos de ETA clasificados en tercer grado están aprovechando la interpretación más favorable del artículo 86 del mismo reglamento. Esta norma establece la obligación de permanecer al menos ocho horas al día en el centro penitenciario y pernoctar en él, pero permite sustituir esa exigencia mediante dispositivos telemáticos de control. Según los datos manejados por el PP, cerca de 70 etarras se habrían beneficiado de esta posibilidad.
Aunque estos internos no fueron condenados a prisión permanente revisable —una pena incorporada al Código Penal en 2015—, el PP considera que la situación evidencia lagunas en la legislación penitenciaria que podrían permitir interpretaciones similares en el caso de los delitos más graves. A su juicio, la normativa actual presenta “importantes carencias” en la regulación del acceso al tercer grado y a los beneficios penitenciarios para este tipo de condenas.
La proposición plantea reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para introducir una regulación específica que impida la concesión de beneficios antes del cumplimiento efectivo de los periodos mínimos de prisión, fijados entre 25 y 35 años según el delito. Los populares sostienen que permitir flexibilizaciones anticipadas supondría “una desnaturalización de la pena” y una quiebra del principio de proporcionalidad que debe regir la respuesta penal ante los crímenes más graves.
Prohibiciones expresas para condenados por terrorismo
Entre las medidas propuestas figura la modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para incluir una referencia expresa a los condenados a prisión permanente revisable, así como la reforma del artículo 76 para delimitar el papel de las autoridades de vigilancia penitenciaria. El PP también plantea prohibir de forma explícita que los condenados por terrorismo puedan acogerse a modelos mixtos de ejecución de pena que combinen elementos del segundo y del tercer grado.
El partido subraya que la reinserción debe seguir siendo un objetivo del sistema penal, pero insiste en que solo puede plantearse tras el cumplimiento efectivo de la condena y cuando exista un pronóstico claro de no reincidencia. Sin ese requisito, la prisión permanente revisable corre el riesgo de perder su sentido jurídico y su función de respuesta proporcional ante los delitos más graves, beneficiando especialmente a los terroristas etarras.
Protocolo frente a las agresiones a las funcionarias
Además, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez endurecer el protocolo frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales que sufren a diarios las funcionarias de prisión, castigando el exhibicionismo o las peticiones de relaciones sexuales.
En su iniciativa, para su debate en la Comisión de Interior, el PP expone que las trabajadores penitenciarias se enfrentan a diario a conductas de exhibicionismo, comentarios y amenazas de connotación sexual, tocamientos, intimidación e incluso agresiones consumadas, sin que las herramientas existentes resulten suficientes cuando el origen del acoso o la violencia es una persona interna.
De hecho, destaca que el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, que data de marzo de 2024, no aborda la protección de las trabajadoras penitenciarias frente a conductas perpetradas por internos.