Sánchez, récord de impuestos y déficit en infraestructuras: el agujero oculto en trenes y carreteras

España nunca había recaudado tanto dinero en impuestos como ahora. En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, impulsados principalmente por el IRPF (142.466 millones) y el IVA (99.532 millones). Al mismo tiempo, el déficit público se redujo hasta el 2,18% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda. Sobre el papel, las cuentas cuadran. En la práctica, la percepción que viven cada día los españoles es distinta: los servicios públicos clave, especialmente las infraestructuras, muestran señales de deterioro estructural.

Ferrocarril: más uso pero dudas sobre la red

El transporte ferroviario vive un auge en demanda, impulsado por la liberalización y el aumento de operadores. Sin embargo, la inversión no ha seguido el mismo ritmo como está quedando demostrado con la investigación tras el trágico accidente de Adamuz. Un proceso que está sacando a relucir los fallos en la estructura de la, por otro lado, enorme red ferroviaria española. 

Según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, la inversión pública en infraestructuras en España se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008, con una caída acumulada superior al 40% en términos reales (Seopan, informe 2024). En paralelo, organismos como la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han advertido de la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público y priorizar inversiones productivas, incluyendo el mantenimiento de infraestructuras existentes.

El resultado es una red ferroviaria que crece en extensión, pero que también requiere cada vez más recursos para conservación, modernización y seguridad. El ferrocarril español vive un aumento histórico de usuarios, pero también una creciente tensión en su red. Detrás del discurso oficial de expansión, los datos reflejan un problema de fondo: el mantenimiento no está siguiendo el ritmo necesario.

Según el Instituto de Estudios Económicos, España arrastra un déficit acumulado de 3.600 millones de euros en mantenimiento ferroviario (IEE, 2026). Además, el propio informe advierte de un desequilibrio estructural: la red convencional —que transporta alrededor del 90% de los pasajeros— recibe menos inversión que la alta velocidad .

El problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se reparte. En 2024, el mantenimiento representó apenas el 15,8% del total de la inversión ferroviaria, su nivel más bajo en años (Eurostat) . Es decir, se sigue ampliando la red mientras pierde peso el cuidado de lo ya construido.

Menos ejecución de la prevista

A esto se suma otro dato clave: ni siquiera se ejecuta todo lo presupuestado. Entre 2021 y 2024, el gestor público ADIF ejecutó solo el 66% de las inversiones comprometidas en infraestructuras ferroviarias. En términos absolutos, se dejaron de invertir más de mil millones de euros respecto a lo previsto. Es decir, no solo hay debate sobre si la inversión es suficiente, sino sobre si el dinero asignado llega realmente a las vías.

El caso de la alta velocidad refuerza el argumento. Tras años de expansión, la inversión ha empezado a caer:

Mientras tanto, el sistema sigue creciendo en complejidad y costes, lo que incrementa la presión sobre el mantenimiento.

Carreteras: déficit de conservación acumulado

La situación es aún más evidente en la red viaria. La Asociación Española de la Carretera (AEC) estima que España arrastra un déficit de conservación superior a los 10.000 millones de euros en sus carreteras (AEC, informe 2023). Además, el mismo organismo advierte de que más del 50% de la red presenta deterioros graves o muy graves, lo que incrementa el riesgo de accidentes y eleva los costes para los usuarios. Este problema no es nuevo, pero se ha agravado por años de inversión insuficiente en mantenimiento frente a nuevas infraestructuras.

El contraste es claro: mientras la recaudación fiscal crece con fuerza, la inversión en infraestructuras como porcentaje del PIB sigue lejos de niveles históricos. Según datos del Banco de España, la inversión pública en España ha pasado de representar en torno al 5% del PIB antes de 2008 a menos del 2,5% en la actualidad (Banco de España, Informe Anual). Esto implica que, en términos relativos, el esfuerzo inversor se ha reducido a la mitad, incluso en un contexto de mayores ingresos públicos.

El problema no es cuánto se recauda, sino cómo se gasta. El debate, por tanto, no se limita a la presión fiscal, sino a la asignación de los recursos. Organismos como la OCDE han señalado reiteradamente que España tiene margen para mejorar la calidad del gasto público, reorientándolo hacia inversiones con mayor impacto económico y social, como infraestructuras, innovación o capital humano.

Mientras tanto, el ciudadano percibe una desconexión creciente entre lo que paga y lo que recibe. España dispone hoy de más recursos que nunca, pero el deterioro acumulado en infraestructuras clave plantea una pregunta incómoda: si no es ahora, ¿cuándo se va a invertir en mantener y mejorar lo esencial?