Madrid inicia el registro de objetores del aborto por mandato judicial pese al rechazo de Ayuso: 30 días a consulta
La Comunidad de Madrid inicia el proceso para crear el registro de médicos objetores del aborto tras la orden del TSJM, una medida que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado por motivos morales pero que se ve obligado a tramitar.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital público Universitario José Germain.
No era su intención, pero la Justicia ha acabado marcando el camino. La Comunidad de Madrid ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia el proyecto de orden para crear el registro de médicos objetores del aborto, dando así inicio a su tramitación administrativa.
El movimiento no responde a un cambio de criterio del Ejecutivo regional, sino al cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a iniciar “de inmediato” este proceso tras estimar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad.
Con la publicación del proyecto se abre ahora un periodo de consulta pública de 30 días hábiles. Durante este plazo, los ciudadanos podrán presentar sus aportaciones a través del Portal de Participación de la Comunidad de Madrid o mediante los canales recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, dirigiéndose a la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria.
El origen de este trámite se remonta al pasado 9 de marzo, cuando la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ordenó al Ejecutivo autonómico iniciar los trabajos para la creación del registro. El tribunal actuó después de que el Gobierno regional se negara a aplicar este aspecto de la ley del aborto.
Desde el entorno de Ayuso siempre se ha defendido que este registro plantea objeciones de carácter ético, al considerar que puede suponer una forma de señalamiento de los profesionales sanitarios. Sin embargo, el auto judicial es claro: aunque no obliga a una implantación inmediata, sí exige poner en marcha todos los trámites necesarios para su elaboración e implantación conforme a la normativa vigente.
De este modo, el Gobierno madrileño cumple con la resolución judicial sin renunciar a su postura crítica. El proceso apenas comienza ahora y será en los próximos meses cuando se concrete el alcance definitivo de un registro que sigue generando debate tanto político como sanitario.