La ley que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años ya tiene fecha y el Gobierno pone el foco en el 'true crime'
Se trata de una nueva norma para actualizar la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, que incluye estas restricciones a menores a las redes sociales, limitar el uso de la inteligencia artificial sin consentimiento y poner coto a lo que llaman el "negocio" del ‘true crime’.

Un joven usa una tablet (foto de archivo)
El Ejecutivo ya tiene fechado en su agenda una nueva reforma legal con impacto directo en el uso de redes sociales, la inteligencia artificial y los contenidos audiovisuales basados en crímenes reales, más conocido como true crime. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará en mayo el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Se trata, según el propio ministro, de una actualización de una normativa vigente desde 1982 y que el Gobierno considera “caduca”. Tras su aprobación, el texto será remitido al Parlamento para iniciar su tramitación. Entre las principales novedades destaca la elevación de la edad mínima para prestar consentimiento en redes sociales, que pasará de los 14 a los 16 años. Un cambio que introduce nuevas restricciones en el acceso de los menores a estas plataformas.
La norma también contempla la prohibición del uso de la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales cuando se utilice la voz o la imagen de una persona sin su autorización expresa. Un punto que apunta directamente al creciente uso de tecnologías capaces de recrear identidades sin consentimiento.
Nuevo foco: el "negocio" del 'true crime'
Otro de los ejes de la reforma es la protección de las víctimas de delitos frente al auge del llamado true crime, un formato televisivo centrado en crímenes reales que ha ganado popularidad en los últimos años. Según ha explicado Bolaños, el objetivo es evitar que los autores de estos delitos puedan obtener beneficios económicos derivados de los mismos.
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