Yolanda Díaz anuncia 25 millones para la formación de MENAS y ensalza la regularización masiva de inmigrantes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha colocado sobre la mesa uno de los anuncios más explosivos de la legislatura: la regularización de 500.000 inmigrantes en España. Lo hizo, además, con tono triunfalista, presentándolo como “la mejor noticia”, en una intervención que vuelve a evidenciar hasta qué punto el Gobierno de Pedro Sánchez sigue abordando la inmigración a golpe de consigna, titular y propaganda.

La cifra no es menor. Medio millón de personas. Una decisión de enorme calado político, económico y social que el Ejecutivo desliza como si se tratara de una mera medida administrativa, cuando en realidad reabre de lleno el debate sobre el control migratorio, la capacidad de integración y el impacto sobre unos servicios públicos ya sometidos a una presión creciente.

Porque esa es la gran cuestión que Moncloa vuelve a esquivar: ¿cómo piensa gestionar el Gobierno una regularización de semejante envergadura? ¿Con qué planificación? ¿Con qué coordinación con las comunidades autónomas? ¿Con qué capacidad real de absorción en el mercado laboral? Por ahora, no hay respuestas claras. Solo el anuncio. Solo el titular. Solo la retórica.

Un problema del pasado

Díaz intentó vestir la medida con un discurso social y laboral, enmarcándola en la necesidad de acompañar a la población migrante y favorecer su inserción. Pero el problema para el Ejecutivo es que llega a este debate sin credibilidad, en mitad del caos por el reparto de menores extranjeros y con una crisis migratoria que ha dejado al descubierto las costuras del Gobierno y su incapacidad para articular una respuesta conjunta con las autonomías.

La regularización de 500.000 inmigrantes no se produce, por tanto, en un contexto de orden y consenso, sino en uno de enfrentamiento político, improvisación y creciente malestar institucional. Mientras varias regiones reclaman medios, planificación y reglas claras, el Gobierno vuelve a optar por un movimiento de alto voltaje ideológico que contenta a su ala más activista, pero multiplica las dudas sobre sus consecuencias reales.

A medio paliarla

Para intentar apuntalar el anuncio, Díaz añadió una convocatoria de 25 millones de euros destinada a jóvenes extranjeros y menores no acompañados, así como otros 10 millones para formación en construcción. Pero esas medidas complementarias no cambian el fondo del asunto: el foco está en los 500.000.

Y ahí es donde el Ejecutivo se la juega. Porque regularizar a medio millón de inmigrantes no es un gesto menor ni una frase para un mitin. Es una decisión de Estado. Y lo inquietante no es solo su alcance, sino la sensación de que el Gobierno vuelve a dar un paso de enorme trascendencia sin transmitir ni control, ni estrategia, ni seguridad.