Sánchez se enfrenta a una demanda ante el TSJM por ocultar la estancia de su hermano en Moncloa
Una información de El Debate firmada por Antonio Naranjo revela la admisión a trámite de la demanda contra Presidencia del Gobierno por opacidad sobre la estancia de David Sánchez en el recinto presidencial
David Sánchez, saliendo del Juzgado en Badajoz el pasado mes de abril.
Los problemas judiciales siguen cercandoal presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una demanda contra la Presidencia del Gobierno por negarse a facilitar información sobre la estancia de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en el complejo de La Moncloa.
La información, adelantada por El Debate y firmada por Antonio Naranjo —uno de los periodistas más incómodos para el entorno del Ejecutivo por su labor en Telemadrid y en otros espacios en los que colabora—, incorpora además documentos oficiales que acreditan el avance judicial del caso, entre ellos el Decreto de admisión a trámite de la demanda ante el TSJM y la resolución emitida por Presidencia del Gobierno el pasado 28 de enero de 2026.
El procedimiento se origina tras el incumplimiento por parte del Ejecutivo de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que obligaba a detallar las circunstancias en las que David Sánchez habría sido acogido en dependencias de La Moncloa. Según la información publicada, Presidencia argumentó que el recinto constituye el «domicilio familiar» del presidente, una interpretación que permitiría excluir del control público determinadas visitas o estancias, pese a tratarse de un complejo sujeto a medidas permanentes de seguridad del Estado.
La excusa de Moncloa
El Debate recoge que el escrito firmado por la directora jurídica de Moncloa, Isabel León, defendía que la actividad relativa al ámbito personal del presidente no genera registros administrativos, lo que, en la práctica, limitaría la trazabilidad de invitados, estancias o posibles gastos vinculados al uso de instalaciones públicas. Esta interpretación abre el debate jurídico sobre los límites entre el ámbito institucional y el privado en la residencia oficial del jefe del Ejecutivo.
El contexto judicial se produce además en un momento especialmente delicado para el entorno del presidente. El juez Peinado ha dictado auto de procesamiento contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, mientras que el proceso judicial que afecta al propio David Sánchez tiene previsto su inicio el próximo 28 de mayo.
La documentación publicada apunta también a precedentes en los que la Presidencia habría invocado el carácter privado de determinadas estancias oficiales para limitar el acceso a información relativa a viajes, reuniones o utilización de recursos públicos, como ocurrió en el caso de la residencia de La Mareta o en desplazamientos oficiales en aeronaves del Estado.
El Debate sostiene que la resolución del TSJM representa un nuevo episodio en el debate sobre la transparencia en el uso de medios públicos por parte de altos cargos del Estado, una cuestión que previsiblemente continuará su recorrido judicial en los próximos meses y que mantiene el foco político sobre el entorno personal del presidente del Gobierno.