Quién es quién en el Caso Koldo (I), los familiares: del hijo de Ábalos, a la ex y el hermano de Koldo

El Caso Koldo se ha convertido en uno de los asuntos más llamativos de la crónica judicial y política española. La familia de José Luis Ábalos y Koldo García, principales implicados, también se ha hecho hueco en la crónica puntual del asunto.

El hijo del ministro

Víctor Ábalos, nacido en 1982 en Valencia, es hijo del exministro José Luis Ábalos y de María Pilar Aguado Ramírez. Reside en La Pobla de Vallbona y está casado con Patricia Ufarte. Hasta hace poco mantenía un perfil discreto centrado en su actividad empresarial, aunque su nombre ha adquirido presencia mediática por su relación con investigaciones judiciales vinculadas a su entorno familiar y político.

Su figura comenzó a aparecer en los medios cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo señaló como presunto testaferro en el denominado “caso Koldo”, una investigación sobre posibles irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Él rechaza estas acusaciones y declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, donde negó cualquier participación en actividades ilícitas.

En el ámbito profesional obtuvo en 2002, con 20 años, la concesión de la Administración de Loterías número 46 de Valencia. Posteriormente desarrolló actividades empresariales en Valencia y Madrid, dirigiendo compañías como External Consulting, dedicada a la intermediación entre empresas y administraciones públicas. Según informes policiales citados por medios, habría mantenido vínculos empresariales en el extranjero, especialmente en Colombia y Venezuela, donde afirma desarrollar parte de su actividad.

Dichos informes apuntan a que habría organizado encuentros entre empresarios y su padre, así como transferencias económicas hacia el exministro superiores a 56.000 euros entre 2021 y 2024, procedentes en parte de External Programmes Consulting SL. También se menciona la posibilidad de una reserva de efectivo destinada a gastos del entorno del exministro, en un contexto en el que Koldo García gestionaba asuntos económicos cercanos.

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Ábalos negó actuar como custodio de dinero de su padre o utilizar comunicaciones en clave con Koldo García. Afirmó que cualquier dinero entregado procede de sus ingresos, admitiendo solo préstamos familiares por unos 20.000 euros. También rechazó que los fondos de sus empresas provengan de actividades irregulares.

Respecto a supuestos mensajes codificados, negó el uso de términos con significados ocultos, explicando que se referían a viajes o hábitos personales. La UCO, sin embargo, considera relevantes ciertos patrones de comunicación y movimientos financieros.

El caso sitúa a Víctor Ábalos en una investigación aún en fase de instrucción, cuyo alcance dependerá de la valoración judicial de pruebas y testimonios. Las diligencias siguen abiertas y no se ha determinado responsabilidad penal firme, por lo que rige la presunción de inocencia.

El caso ha generado atención mediática en España por su impacto político y la relevancia del exministro mencionado. Diversos medios siguen la evolución del procedimiento, que continúa sin resolución definitiva. Cualquier valoración debe entenderse dentro del marco de la instrucción judicial y a la espera de nuevas diligencias que puedan esclarecer los hechos investigados.

En consecuencia, el procedimiento permanece abierto y sujeto a futuras resoluciones judiciales, que podrán incorporar nuevas pruebas, declaraciones y análisis periciales. Hasta entonces, las interpretaciones sobre los hechos deben considerarse provisionales y condicionadas al avance de la investigación y a la valoración final de los tribunales competentes en el marco legal vigente en el país.

Patrizia Uriz, la exmujer de Koldo

Patricia Úriz Iriarte, nacida en Pamplona en 1976, ha estado vinculada al PSN-PSOE en Navarra, donde militó activamente y participó en listas electorales en la localidad de Huarte. En 2005 ocupó el puesto número 29 en la candidatura autonómica del PSN en Navarra, encabezada por María Chivite. A lo largo de los años también desarrolló una trayectoria en el ámbito municipal, trabajando como secretaria y asistente, y llegó a ocupar cargos orgánicos como vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva del PSN hasta 2018.

Su vínculo con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, también tuvo proyección política. García encabezó la lista del PSN en las municipales de 2011 y, aunque obtuvo solo 170 votos, consiguió un acta de concejal. En elecciones posteriores, Patricia Úriz llegó a liderar una candidatura, aunque sin resultar elegida.

Durante la pandemia, su papel adquirió mayor relevancia al ser contratada como ayudante de secretaria en el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos, sin haber pasado por un proceso de oposición. Se trataba de un puesto de nivel 17, considerado de alta responsabilidad dentro de la administración, pese a que su formación estaba orientada a la técnica en Actividades Turísticas y Riesgos Laborales y no contaba con experiencia específica en el ámbito del ministerio.

Paralelamente, las investigaciones apuntan a que entre 2018 y 2021 trabajó en el Ministerio de Transportes y habría actuado como presunta testaferro dentro de una red vinculada a Koldo García. Actualmente está siendo investigada por presuntos delitos de blanqueo de capitales y ocultación de patrimonio.

Entre los hechos que se le atribuyen figura la firma del contrato de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), supuestamente destinado al uso de José Luis Ábalos, así como la posible colaboración en la ocultación de un incremento patrimonial considerado injustificado en su entorno. En sus declaraciones, reconoció haber firmado la adquisición del inmueble alegando que “el ministro no podía hacerlo”, y afirmó también haber asumido pagos de gastos personales de Ábalos —como tabaco o compras en Amazon—, que posteriormente, según su versión, eran reembolsados por el PSOE a Koldo en efectivo.

En conjunto, su figura aparece tanto como testigo clave en el juicio como investigada dentro de una de las tramas bajo análisis judicial por las presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos durante la pandemia.

El 'hermanísimo' de Koldo

Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el entorno del “caso Koldo” evolucionó desde empleos aparentemente normales hasta su presunta implicación en una trama de manejo de fondos en efectivo y contratos públicos. Uno de los investigados pasó de trabajar como vigilante de seguridad y en servicios auxiliares a ser contratado en 2019 en Ineco, empresa vinculada al Ministerio de Transportes, poco después del nombramiento de su hermano Koldo, es Joseba García. 

Dentro de la trama, se le atribuye el rol de “recadero” o peón operativo, encargado supuestamente del movimiento de dinero en efectivo. Actualmente está investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, actuando como testaferro de su hermano. Las diligencias policiales indican que realizó tareas logísticas de transporte y entrega de dinero, con desplazamientos documentados. En su declaración judicial admitió haber recogido un sobre con 10.000 dólares en República Dominicana (en Pronalab) por encargo de Víctor de Aldama, y haber entregado sobres con dinero en la sede de Ferraz, supuestamente destinados a su cuñada Patricia.

En paralelo, el Tribunal Supremo ha iniciado el juicio del “caso Koldo” o “caso mascarillas”, centrado en las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. El proceso consta de 13 jornadas y más de 75 testigos hasta el 30 de abril. Se analizan supuestas comisiones ilegales en contratos públicos por unos 54 millones de euros.

Joseba García, investigado en la Audiencia Nacional, debe explicar ante el tribunal los supuestos pagos recibidos en República Dominicana de un empresario vinculado a Aldama. En una declaración previa en marzo de 2025, aseguró que viajó dos veces al país caribeño por placer y por su afición a los puros. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que esos viajes estaban relacionados con la recepción de dinero en efectivo.

El juez instructor Leopoldo Puente calificó sus explicaciones como “singulares e insólitas”. Cuando se le preguntó directamente si había recibido pagos en metálico, respondió tajante: “Ni allí ni aquí en España”.

No obstante, los mensajes y audios intervenidos contradicen su versión. En uno de ellos, Aránzazu Granell, trabajadora de Pronalab, afirma: “Hablo ahora con el Joseba este y le digo que ya tengo el dinero”, y posteriormente se le indica que entregue “10K”. Joseba consultó a su hermano Koldo a cuánto equivalían esos 10.000 dólares y este le pidió que borrara el mensaje.Los investigadores también han documentado reuniones frecuentes, supuestamente mensuales, entre Joseba García y Aldama para tratar estas entregas. Joseba reconoció haber visitado el despacho de Aldama en Madrid tres o cuatro veces, aunque aseguró que se trataba de temas relacionados con vehículos y no de negocios.

Finalmente, admitió haber pagado dos mensualidades del alquiler del piso de Jesica Rodríguez desde sus cuentas porque se lo pidió su hermano Koldo, y que aún no le ha sido devuelto ese dinero.