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juicio a Begoña Gómez

La Fiscalía planta cara al juez Peinado y pide de nuevo el archivo de la causa contra Begoña Gómez

El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto en el que se proponía sentar en el banquillo a Begoña Gómez y ha vuelto a solicitar el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de delito

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d) 21/2/2026

(Foto de ARCHIVO) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d) 21/2/2026Matias Chiofalo

Alba Molina López
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La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que había acordado el procesamiento de Begoña Gómez por cuatro delitos. Según informa el propio Ministerio Público, se insiste en la petición de archivo de la causa al considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal.

En su escrito, la Fiscalía solicita el sobreseimiento libre de las actuaciones para todos los investigados, entre ellos la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, en aplicación del artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De forma subsidiaria, plantea también el sobreseimiento provisional al no estar, según sostiene, debidamente justificada la existencia de delito.

Además, el Ministerio Público ha remitido otro escrito al juez instructor reiterando su petición de archivo y añadiendo que, en caso de que la Audiencia Provincial decida continuar con el procedimiento, el fiscal debería poder presentar conclusiones provisionales de carácter absolutorio.

El juez Peinado dio por concluida la instrucción en un auto fechado el 11 de abril, en el que propuso juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, además de mantener el procedimiento contra Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés por distintos cargos.

Tras el cierre de la instrucción, las partes han ido presentando sus escritos. La acusación popular, coordinada por Hazte Oír, solicita penas de prisión para los tres investigados, mientras que las defensas han recurrido la decisión del juez y piden la nulidad del procedimiento, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales y que no existen indicios suficientes para sentarles en el banquillo.

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