Quién es quién en el Caso Koldo (V): las acusaciones, el tribunal y el Fiscal

Si los abogados en el Caso Koldo tienen tanta o más repercusión que los acusados y testigos, tampoco las acusaciones han pasado desapercibidas. Más allá del ministerio fiscal, son varias las acusaciones populares que representadas en el caso. En un caso tan llamativo y popular que, además, se juzga en el Tribunal Supremo era inevitable que también el tribunal estuviera formado por nombres populares del mundo judicial.

El Fiscal Alejandro Luzón

El fiscal jefe de Anticorrupción es quien asume la acusación del Ministerio Público. Conocido en la prensa de tribunales por lo exahustivo de sus interrogatorios. Llegó al frente de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en julio de 2017, una unidad en cuya creación participó en 1995 con Carlos Jiménez Villarejo como Fiscal Anticorrupción de España.

Para Luzón no es el primer caso mediático en el que ejerce. Asunto como Bankia, en el que 'armó' la condena a cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato y de seis años para el banquero Miguel Blesa.

En sus primeros años ya bregó con el interés que despertaban en los medios el Caso Roldán y en tiempo más recientes se encargó de las diligencias internas de la Fiscalía del Supremo en lo relaccionado con el cobro de comisiones por parte del Rey Juan Carlos I, que acabaron archivándose.

Sin duda, su actuación más polémica fue en 2023 cuanod apartó a la fiscal responsable de investigar en Tarragona las actividades del despacho Equipo Económico, creado en 2006 por el que fuera ministro de Hacienda en los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.

Las acusaciones populares son casi una decena y están coordinadas bajo la dirección jurídica del Partido Popular, representado por el abogado habitual del partido, Alberto Durán, que será el único autorizado para intervenir en nombre del resto durante el juicio, tal como ya ocurrió en la vista de cuestiones previas celebrada el 12 de febrero.

El Partido Popular encabeza este bloque porque fue la primera formación en formalizar su personación, aunque junto a él también ejercen la acusación otras formaciones y entidades como Vox, Manos Limpias, la Asociación Liberum, Hazte Oír e Iustitia Europa. Todas ellas coinciden en la acción popular en distintos procedimientos que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez, como los relativos a su esposa, el proceso que llevará a juicio a su hermano David a finales de mayo, así como los casos Leire, Sepi, Plus Ultra o el abierto recientemente tras el accidente ferroviario de Adamuz.

De forma llamativa, también forman parte del conjunto la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), vinculada al PSOE, además de la Unión del Pueblo Navarro y la asociación balear Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas.

El Tribunal

El Tribunal está compuesto por nombres populares por su trayectoria jurídica y por asuntos mediáticos. La sala de siete magistrados que enjuiciará la pieza principal del caso Koldo en el Tribunal Supremo está integrada por un tribunal considerado equilibrado en cuanto a la orientación de sus miembros. Lo preside el titular de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, de perfil moderado, junto a Manuel Marchena, Vicente Magro Servet, Julián Sánchez Melgar (Fiscal General del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy), Andrés Palomo, Javier Hernández y Anna Ferrer.

La mayoría de ellos ya formaron parte de la sala encargada de la admisión del caso, motivo por el cual las defensas de Ábalos y Koldo intentaron su recusación, aunque sin éxito. Algunos de estos magistrados son además ampliamente conocidos por su participación en procedimientos de gran repercusión mediática, como el juicio del procés independentista en Cataluña o el proceso contra el fiscal general del Estado.

En uno de los más populares es, sin duda, Manuel Marchena. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Marchena desarrolló su carrera en la Fiscalía y posteriormente en la carrera judicial española. Accedió al Tribunal Supremo en 2004 como fiscal adscrito a la Sala de lo Penal y en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda por el turno de juristas de reconocida competencia, siendo uno de los más jóvenes en alcanzar el Alto Tribunal.

En 2014 fue elegido presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el CGPJ y reelegido en 2019, dirigiendo procesos de gran relevancia pública.

Entre los casos más relevantes destacan Campanario, Mari Luz, el saqueo de Marbella y el caso Atutxa, de gran impacto mediático.

Su mayor proyección pública llegó con el juicio del ‘procés’, que presidió durante 52 sesiones y que culminó con la sentencia de octubre de 2019 contra los líderes independentistas catalanes.

A partir de entonces, sus decisiones sobre indultos, reformas penales y la aplicación de la ley de amnistía han mantenido su figura en el centro del debate jurídico y político.

En 2018 estuvo cerca de ser propuesto para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, pero el acuerdo se frustró tras la filtración de mensajes del portavoz del PP en el Senado.

En los últimos años ha seguido siendo una figura relevante del Tribunal Supremo, especialmente en el ámbito penal. Hace unos días ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España con un discurso sobre la prueba digital en el proceso penal.

Otro vieja conocida de las crónicas de tribunales es Ana Ferrer. A pesar de su perfil progresista, Ana Ferrer fue vetada para presidir el CGPJ por la enemistad histórica con Margarita Robles, que impulsó a Isabel Perelló, una magistrada progresista pero no “sanchista”. En noviembre de 2025 presentó un voto particular contra la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, designado por Pedro Sánchez, a dos años de inhabilitación por revelar información reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A esta disidencia se ha sumado también Susana Polo García, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. No es la primera vez que ambas magistradas de perfil progresista se apartan de la mayoría en causas de alto voltaje político.

Ya en septiembre de 2022, en la pieza política del caso de los ERE de Andalucía, Ferrer (ponente del voto particular) y Polo se opusieron a la condena por malversación del expresidente andaluz José Antonio Griñán (seis años de prisión) y de otros cinco altos cargos socialistas ajenos a la Consejería de Empleo. Calificaron la decisión mayoritaria de “salto al vacío” y defendieron que solo debían responder por malversación quienes participaron directamente en el reparto opaco de las ayudas. Su criterio fue avalado después, en gran medida, por el Tribunal Constitucional, que corrigió sustancialmente la sentencia inicial del Supremo.

Precisamente el peso político y mediático de Ana Ferrer, y una enemistad de más de treinta años con la ministra Margarita Robles, le cerraron las puertas de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. El conflicto se remonta a los años noventa, cuando Robles era secretaria de Estado de Interior con Felipe González y Ferrer instruía el caso Roldán. El choque por los “papeles de Laos” y las críticas del PSOE a la actuación de Ferrer dejaron una herida que nunca cicatrizó.

Tres décadas después, Robles vetó activamente su candidatura y, rompiendo el bloque progresista, hizo pinza con vocales conservadores para impulsar a la catalana Isabel Perelló, que finalmente obtuvo 16 de los 20 votos. Perelló, magistrada de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), tiene un perfil progresista pero no “sanchista”: ha sido ponente de sentencias contrarias al Gobierno, como la anulación de ayudas directas con fondos europeos o la desestimación del recuento de voto nulo solicitado por el PSOE en Madrid tras las elecciones de julio de 2023.

En cuanto, al prsidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, Es, a su vez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Fue quien dirigió el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que terminó siendo condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos al difundir información confidencial relativa al novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.