García Ortiz rompe su silencio: de "culpable" a "víctima'" y carga contra el Tribunal Supremo: “Me condenaron sin pruebas"

Tras ser condenado e inhabilitado por un delito de revelación de secretos, el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado su primera entrevista pública desde la sentencia, en la que ha cargado con dureza contra el fallo del Tribunal Supremo. 

En su intervención en el programa ‘Lo de Évole’ de La Sexta, ha asegurado que fue sentenciado sin “carga probatoria” y que durante el juicio se sintió “maltratado” y “señalado”.

García Ortiz ha señalado directamente al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, como protagonistas de los momentos más tensos del juicio. 

Según su relato, ambos contribuyeron a generar un clima de presión personal. “Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones, me señaló con vehemencia”, ha explicado sobre González Amador, defendiendo el derecho de cualquier acusado a preservar su dignidad ante los tribunales.

El ex fiscal también ha denunciado lo que considera un intento de “intoxicación y calumnia” contra la Fiscalía General, en referencia a declaraciones públicas previas al juicio. En este contexto, ha subrayado que no banaliza la dimensión política del caso, aunque evita entrar de lleno en ese terreno.

“Dolor personal e institucional”

Uno de los episodios que más le afectó, ha relatado, fue el comentario del presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien en un acto público mencionó que debía “poner la sentencia del fiscal”, provocando risas entre los asistentes. 

García Ortiz ha asegurado que ese momento le generó un “profundo dolor personal e institucional”, agravado por los 20 días de espera hasta conocer el fallo, periodo en el que, según afirma, se multiplicaron las especulaciones públicas sobre su caso.

También ha calificado de “doloroso” el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que sugirió en el juicio sospechas sobre su implicación en la filtración de correos relacionados con el caso de González Amador. García Ortiz ha rechazado esas inferencias y ha evitado profundizar en su relación con ella.

Respecto al trasfondo institucional, el ex fiscal ha advertido del “desequilibrio de poder” en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque ha matizado que no cuestiona a sus magistrados. Asimismo, ha evitado calificar su proceso como un “golpe de Estado”, limitándose a señalar que la instrucción “no debía haberse producido”.

En el plano político, ha reconocido que el respaldo público del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudo perjudicarle, y ha lamentado especialmente la afirmación de que la Fiscalía “depende del Gobierno”, una frase que, según sostiene, “perseguirá” a la institución durante años.

Mensajes borrados

La sentencia también puso el foco en el borrado de los mensajes del teléfono móvil de García Ortiz, realizado el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que se abrió la causa en su contra. 

El Tribunal Supremo sostuvo que no existía ninguna obligación legal que justificara esa eliminación y consideró que el borrado fue “concienzudo” y relevante para la investigación. García Ortiz, por su parte, defendió en el juicio que borra sus mensajes “sistemáticamente” por seguridad y negó que existiera un ánimo de ocultar información relacionada con el caso. 

En la entrevista, además, volvió a ser cuestionado por ese borrado y reiteró que no tenía relación con la causa, insistiendo en que nunca imaginó que su teléfono fuera a acabar bajo investigación.

Condena y recurso ante el Constitucional

García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. 

Tanto su defensa como la Fiscalía han recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y las garantías del proceso.