Tribunales
Villarejo condenado: tres años y medio por el caso Dina que salpica al entorno de Podemos
La Audiencia Nacional sentencia al excomisario por revelación de secretos mientras resurgen las dudas sobre la gestión interna del caso por parte del círculo de Pablo Iglesias
El excomisario José Manuel Villarejo llega a la Audiencia Nacional.
La reciente condena al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por la filtración de datos del conocido como “caso Dina” vuelve a poner el foco no solo en las prácticas irregulares dentro de las cloacas del Estado, sino también en las sombras que rodearon la actuación del entorno de Podemos durante aquellos hechos.
La Audiencia Nacional considera probado que Villarejo accedió y difundió a medios de comunicación el contenido de la tarjeta del móvil robado a Dina Bousselham, cometiendo un delito de revelación de secretos agravado por su condición de funcionario público. La sentencia incluye indemnizaciones de 5.000 euros para Bousselham y 1.000 euros para Iglesias.
Sin embargo, el fallo judicial que aplica la atenuante de dilaciones indebidas no agota las incógnitas que durante años han rodeado este episodio, especialmente en lo relativo al papel que jugó el entonces líder de Podemos.
¿Quién es Dina Bousselham?
Dina Bousselham es una periodista hispanomarroquí que fue asesora cercana de Pablo Iglesias durante su etapa al frente de Podemos. Su nombre saltó a la primera línea mediática tras el robo de su teléfono móvil en 2015, un episodio que derivó en la difusión de contenidos privados que afectaban tanto a su esfera personal como al partido.
Posteriormente, Bousselham ha desarrollado su carrera en el ámbito mediático, vinculada a proyectos afines al espacio político de la izquierda.
Un caso con más aristas que condenas
El llamado “caso Dina” ha sido durante años una pieza clave dentro de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades de Villarejo. No obstante, más allá de la condena al excomisario, el recorrido judicial dejó episodios controvertidos, como la retirada de la condición de perjudicado a Iglesias por parte del juez instructor, al considerar que pudo haber retenido la tarjeta durante meses sin ponerla a disposición judicial.
Responsabilidad del Estado
La sentencia establece además la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración General del Estado, lo que vuelve a abrir el debate sobre los mecanismos de control y el uso indebido de información confidencial por parte de funcionarios públicos.