Demoledor alegato final de Luzón con varios recados a Sánchez y una conclusión rotunda sobre Ábalos

“Corrupción organizada desde el Gobierno”. Así directo se ha expresado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su alegato final en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Una intervención que ha incluido una advertencia directa sobre el estado de las instituciones y lo que representa el concepto “separación de poderes”. A pesar de ello ha defendido que, a pesar de las acusaciones de Aldama, no queda probado que Pedro Sánchez fuera el 'número 1' de la trama. Eso sí, los dardos hacia Moncloa y Ferraz han sido varios.

Desde el arranque, dejó claro que no estaba ante un caso más y que el foco estaba puesto sobre sus palabras. Habló de una “corrupción organizada continuada” que, según ha sostenido, operó “nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España” (el de Transportes, con Ábalos a la cabeza), con efectos que trascienden lo penal. Porque, a su juicio, el daño no se limita a contratos irregulares o a la libre competencia: “Está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervirtieron poniéndolas a su servicio”.

Luzón apuntó directamente al impacto institucional de determinadas actitudes desde el poder: “Deslegitima el Estado de derecho y el principio de separación de poderes las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas”. Una reflexión que sitúa el foco en cómo se reacciona ante la corrupción y no solo en los hechos investigados. Mensaje directo a Ferraz y Moncloa, que defendieron tanto a Ábalos como a Santos Cerdán al salir las primeras informaciones, tildándolas de bulos y máquina del fango. Y respecto a lo de perseguir presuntas acciones corruptas viene rápidamente a la mente la persecución desde el Gobierno al juez Juan Carlos Peinado por investigar a Begoña Gómez.

En ese contexto, Luzón defendió la necesidad de una respuesta contundente. “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla”, advirtió, justificando así su petición de penas: 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama. “Son penas graves, pues graves son las conductas que se les atribuyen”, resumió, insistiendo en que deben ser “proporcionales y disuasorias”.

También dedicó parte de su intervención a rebatir las críticas a la confesión de Aldama, un asunto que durante estos días ha dado de qué hablar después de que el comisionista no haya visto reducida su pena a pesar de su colaboración. Todo ello ordenado por la Fiscalía General del Estado, que habría recibido la orden directa de Sánchez. 

Frente a la “cansina letanía” de las defensas, el fiscal defendió que la colaboración de un coimputado es una herramienta legítima y necesaria para combatir la corrupción. Eso sí, subrayó que debe ser corroborada, algo que —según sostuvo— ha ocurrido en este caso. De hecho, fue tajante: “La prueba es tan abundante que la declaración de Aldama no es la determinante y decisiva”. Y de nuevo otro recado, esta vez para el PSOE, que siguen afirmando que Aldama no ha aportado pruebas de nada.

Por lo tanto, por si el impacto del 'caso Ábalos' y del juicio hubiera sido poco, Luzón ha rematado con un alegato final que implica de manera implícita a Moncloa y Ferraz. Desde el papel protagonista de Ábalos desde dentro de un Ejecutivo dirigido por Sánchez hasta su defensa de Aldama como colaborador necesario (y eficaz, con pruebas) para destapar la corrupción. A continuación puedes ver todo su alegato final.

La defensa de Aldama apela a su “cruzada” contra el aparato estatal

Además de la intervención de Luzón, ha sido el turno de las defensas de sus alegatos finales. En el caso de Víctor de Aldama precisamente han vuelto a centrar su estrategia en reivindicar su papel como colaborador clave de la Justicia. Su abogado, José Antonio Choclán, presentó su testimonio como “fundamental” y enmarcó su actuación en una “cruzada” contra un supuesto entramado de corrupción que afecta a altos cargos del Gobierno.

En esta línea, pidió al Tribunal Supremo que “premie” esa colaboración con una rebaja de la pena que evite su ingreso en prisión. Argumentó que su cliente no fue el creador ni el líder de la trama, sino un “instrumento” dentro de una estructura previa, captado por su red de contactos internacionales y utilizado para canalizar pagos.

Choclán fue más allá al sostener que la confesión de Aldama ha permitido abrir nuevas líneas de investigación y denunciar lo que considera represalias desde el entorno político. Según defendió, su cliente ha reconocido incluso mecanismos de financiación vinculados al PSOE, por lo que reclamó que se “siente doctrina” para incentivar a quienes colaboran en destapar organizaciones criminales.

Ábalos niega cualquier delito y reduce el caso a decisiones “normales”

La defensa del exministro José Luis Ábalos se centró en desmontar los indicios de dádivas y en defender la legalidad de las decisiones adoptadas durante la pandemia. Su abogado sostuvo que la contratación de mascarillas se realizó de forma “absolutamente normalizada”, en un contexto de urgencia y escasez.

Respecto al piso vinculado a su expareja, negó que se tratara de un beneficio para el exministro. Aseguró que Ábalos no tenía acceso al inmueble ni lo utilizaba, planteando que cualquier posible ventaja respondería a intereses del propio Aldama y no a una contraprestación directa.

En cuanto a los contratos, defendió que la elección de la empresa vinculada a Aldama respondió a criterios de viabilidad y oportunidad, sin que exista actuación delictiva. Incluso el cambio en el volumen de mascarillas fue atribuido a incidencias técnicas, insistiendo en que todas las decisiones fueron “legítimas” y propias de la gestión política en una situación excepcional.

Koldo niega la trama y centra su defensa en atacar a Aldama

La defensa de Koldo García basó su estrategia en negar de raíz la existencia de una organización criminal y en cuestionar la credibilidad de Víctor de Aldama. Su abogada insistió en que su cliente no formó parte de ninguna trama y reclamó su absolución.

El eje de su argumentación fue desacreditar al comisionista, al que atribuyó contradicciones y un “ánimo espurio” por colaborar con la Justicia tras su paso por prisión. De hecho, llegó a plantear que, si se siguiera la tesis de los investigadores, el propio Aldama debería ser considerado el “jefe” de la supuesta organización.

Además, rechazó que existiera un plan delictivo previo, subrayando que la relación entre los implicados es anterior a la pandemia. También negó irregularidades en el manejo de dinero en efectivo y defendió que los movimientos económicos respondían a cuestiones personales o internas, sin relevancia penal, al tiempo que reivindicó la legalidad de los contratos de mascarillas.