La Fiscalía Anticorrupción desmonta las maniobras de Sánchez y sí respalda la rebaja de pena a Aldama por colaborar

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ensalza la colaboración del empresario Víctor de Aldama y sostiene que "es posible apreciar la atenuante muy cualificada" para el comisionista. El fiscal recalca además que su intervención ha sido clave para descubrir aspectos que eran inicialmente desconocidos por los investigadores, aunque niega un pacto con Aldama para rebajar la pena, sí se abre a rebajarla por su colaboración, frente a las maniobras del Gobierno de Sánchez y de la Fiscalía General del Estado para que no se rebaje la pena y así que no siguiera contando detalles.

La comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha dejado una escena políticamente explosiva: la Fiscalía reconoce la existencia de una auténtica “organización criminal” en torno a los contratos de mascarillas, pero al mismo tiempo evita colocar a Pedro Sánchez en la cúspide de la trama pese a las acusaciones de Víctor de Aldama.

El empresario, considerado por los investigadores como pieza clave del caso Koldo, había señalado directamente al presidente del Gobierno como “el número uno” de la estructura corrupta. Sin embargo, Luzón rechazó esa versión y aseguró ante el Tribunal Supremo que Sánchez “no lo era”, descargando toda la responsabilidad sobre el triángulo formado por José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Aldama.

La Fiscalía confirma la “organización criminal”

Pese a intentar blindar políticamente a Moncloa, el fiscal sí dibujó un panorama demoledor dentro del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Luzón afirmó que Ábalos, Koldo y Aldama actuaban como una “verdadera organización criminal”, con distintas personas “orbitando” a su alrededor para facilitar adjudicaciones y negocios millonarios.

Según la Fiscalía, el objetivo de toda la operación era claro: “garantizar el máximo beneficio de Víctor de Aldama”.

La acusación sostiene que los contratos de mascarillas no respondían únicamente a criterios de urgencia sanitaria, sino a intereses económicos previamente pactados. De hecho, Luzón aseguró que el Ministerio llegó a cerrarse a nuevas ofertas porque ya existía un “acuerdo cerrado” con Aldama.

“8 millones o nada”

Uno de los episodios más graves relatados por el fiscal fue la supuesta imposición de Aldama sobre el volumen de compra de mascarillas. Según Luzón, el empresario fijó la cifra en “8 millones o nada”, reflejando el enorme poder de influencia que habría tenido sobre las decisiones del Ministerio.

El fiscal también aseguró que, cuando estalló la pandemia en marzo de 2020, Aldama entendió rápidamente que no podía dejar escapar unos contratos que calificó de “lucrativos”.

Moncloa respira… por ahora

Aunque la Fiscalía ha evitado implicar directamente a Sánchez, el daño político vuelve a golpear al Gobierno. El relato presentado ante el Supremo confirma que el núcleo de poder del Ministerio dirigido entonces por Ábalos operaba, según Anticorrupción, como una red organizada para beneficiar intereses privados en plena emergencia sanitaria. La gran pregunta que queda en el aire es cómo pudo funcionar durante meses una estructura de este calibre sin conocimiento político en los niveles más altos del Ejecutivo.

En el entorno judicial crece además la sensación de que las declaraciones de Aldama podrían no haber sido las últimas. El empresario continúa lanzando amenazas veladas sobre nuevas revelaciones y documentación comprometedora que, según asegura, afectarían al PSOE y al Gobierno.

Y aunque la Fiscalía haya optado por excluir al presidente del núcleo de la organización, la oposición ya prepara una ofensiva política total bajo una idea sencilla pero devastadora: si existía una “organización criminal” en el corazón del Ministerio de Transportes, alguien en la cúpula debía saberlo.