Iustitia Europa lleva ante la AN el desembarco del ‘MV Hondius’ y señala la “improvisación sanitaria” de Sánchez

Iustitia Europa ha presentado un recurso contencioso-administrativo de especial urgencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la actuación del Ministerio de Sanidad por autorizar y coordinar la llegada del crucero ‘MV Hondius’ a Canarias tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, con varios fallecidos y pacientes críticos.

La formación presidida por Luis María Pardo ha solicitado a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelarísimas “inaudita parte” para suspender de forma inmediata el atraque, desembarco, traslado y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes y residuos procedentes del buque, cuya llegada está prevista en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

En su escrito, Iustitia Europa carga contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que considera una operación marcada por la “improvisación sanitaria” y la falta de transparencia. El recurso sostiene que el Gobierno pretende ejecutar una actuación de enorme impacto sanitario “sobre la base de meras comunicaciones públicas o notas de prensa”, sin haber aportado el expediente técnico completo que justifique la elección de Canarias como destino del crucero.

La formación considera especialmente grave que el Ministerio de Sanidad reconociera el pasado 5 de mayo que todavía estaban pendientes la evaluación epidemiológica definitiva, la clasificación de contactos de riesgo y la elaboración del protocolo conjunto con la OMS y el ECDC, mientras que apenas horas después ya se había decidido el desembarco en Tenerife. Para Iustitia Europa, este cambio refleja una actuación “precipitada” y sin la suficiente motivación técnica.

El recurso recuerda además que el brote detectado en el ‘MV Hondius’ ha dejado al menos tres fallecidos, pacientes críticos y evacuaciones médicas internacionales. Asimismo, destaca que el propio Ministerio reconoce que el periodo de incubación del hantavirus puede alcanzar los 45 días, lo que, a juicio de la formación, impide considerar la ausencia de síntomas como garantía suficiente para autorizar un desembarco masivo.

La formación política también advierte de la posible afectación a trabajadores portuarios, sanitarios, transportistas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, insistiendo en que las garantías sanitarias “no pueden consistir en simples declaraciones públicas”, sino que deben sustentarse en protocolos verificables y documentación técnica accesible.

“Canarias no puede ser tratada como un laboratorio de improvisación sanitaria”, aseguró Luis María Pardo tras la presentación del recurso. El abogado afirmó que la actuación judicial busca evitar que se repitan errores similares a los cometidos durante la pandemia del COVID, cuando, según sostiene, “primaron criterios políticos sobre criterios científicos”.

“La población canaria y española tiene derecho a saber qué protocolos existen, qué informes técnicos avalan esta operación y bajo qué responsabilidad se está actuando”, afirmó Pardo, quien insistió en que la cooperación internacional y la asistencia humanitaria “no pueden servir como excusa para actuar sin control judicial, sin expediente y sin transparencia”.

La formación solicita además que la Audiencia Nacional requiera al Ministerio de Sanidad la remisión urgente, en un plazo máximo de 24 horas, de todo el expediente administrativo relacionado con la operación, incluyendo informes de Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, protocolos OMS/ECDC y planes de contingencia.

De manera subsidiaria, en caso de que la Sala no acuerde la suspensión total del desembarco, Iustitia Europa pide que se impongan medidas estrictas, como la prohibición de desembarcos generales y la limitación de actuaciones exclusivamente sanitarias bajo circuitos de bioseguridad completamente controlados.