Jordi Pujol "se libra" por su estado de salud pero no sus hijos: la Fiscalía ratifica penas de hasta 29 años por la fortuna en Andorra

Novedades importantes en el juicio que afecta a la familia Pujol después de la jornada en la que se han presentado las conclusiones, además de las declaraciones de cuatro empresarios como testigos. En el caso de Jordi Pujol, la Audiencia Nacional ha decidido dar por cerrada la causa judicial contra el expresidente de la Generalitat al considerar acreditado su deterioro cognitivo y, por tanto, su imposibilidad de afrontar un juicio con garantías. Con 95 años, quien lideró la política catalana durante más de dos décadas queda definitivamente apartado del proceso penal.

El tribunal entiende que el exmandatario ya no dispone de las capacidades mentales necesarias para ejercer adecuadamente su defensa. De este modo, la vía judicial contra el patriarca de la familia Pujol concluye por motivos de salud, después de que la Fiscalía llegara a reclamar para él una pena de nueve años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por otro lado, la fiscalía ha decidido mantener las peticiones de penas de prisión que ya había solicitado para sus hijos. De esta forma, para el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, las penas solicitadas siguen siendo de 29 años de cárcel y, para sus seis hermanos, desde los 8 hasta los 14 años. 

En la gestión de las conclusiones del juicio, solo se ha introducido una modificación por parte del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo. Este cambio refiere a la solicitud de archivo de la causa para el expresidente debido a haber quedado absuelto por demencia, de igual forma que para el empresario Carles Vilarrubí, quien había fallecido en el mes de diciembre. 

Las acusaciones y penas 

Los delitos por los que la fiscalía acusa a la familia Pujol son de blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, frustración de la ejecución y, a pesar de que, quienes serían los principales lideres de la trama, han quedado fuera la causa, se sigue manteniendo el delito de asociación ilícita. 

Para Jordi Pujol, la solicitud de pena sigue en 29 años, mientras que para su exesposa, Mercè Gironès, el ministerio publico requiere la pena de 17 años de cárcel. Esta solicitud se debe a que ambos son considerados los máximos responsables de la red creada para el cobro de comisiones ilegales por parte de empresarios, con las que presuntamente acabaron consiguiendo la fortuna que ocultaron en Andorra. Tras ellos, sigue Josep Pujol, con una solicitud de 14 años de cárcel.  

Para el resto de los hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, el ministerio demanda ocho años de cárcel, mientras que para los nueve empresarios imputados por los pagos a la familia a cambio de adjudicaciones de obra pública, se solicitan cinco años de cárcel. Y, aunque a Francesc Ribes, al testaferro de los Pujol se le había retirado el cargo por delitos de falsedad documental, la Abogacía del Estado, sigue pidiendo también cinco años de prisión por supuestamente facilitar el blanqueamiento de las comisiones ilegales.

Declaraciones de los empresarios  

Este mismo lunes, también se han llevado acabo las declaraciones de los cuatro directivos, Luis Delso, de Isolux Corsan, Josep Cornado, de Copisa, Carles Sumarroca, del grupo EMTE, y el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler. 

Los empresarios, acusados de pagar supuestas comisiones a la familia han defendido ante la Audiencia Nacional que todos los pagos respondían a trabajos reales de asesoramiento, intermediación y contactos empresariales, negando haber recibido adjudicaciones publicas a cambio de dinero y aseguraron que la relación con el hijo mayor de Jordi Pujol se limitaba a servicios como “lobby”, “broker” o facilitador de información estratégica.

Durante sus declaraciones, varios empresarios han insistido en que sus compañías obtuvieron más contratos durante los gobiernos tripartitosliderados por el PSC que en la etapa de CIU, llegando a afirmar Cornado que "con los socialistas facturamos mucho más". Por su parte, el expresidente de Isolux, Luis Delso, ha aportado cifras para defender que su empresa no recibió ningún trato de favor durante los años de Jordi Pujol al frente de la Generalitat. En la misma línea, Carles Sumarroca reconoció la histórica amistad de su familia con el expresidente, pero negó rotundamente cualquier pago ilegal para conseguir adjudicaciones.

El promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler, ha rechazado cualquier vinculo con contratos públicos en Cataluña y ha sostenido que sus negocios han sido privados. Las defensas mantienen que las facturas investigadas eran legales y desvinculan por completo los pagos a Pujol Ferrusola de la adjudicación de obra pública, mientras el juicio entra ya en su fase final con las conclusiones definitivas de las partes.