La Audiencia Nacional examina a Pujol antes de decidir si puede declarar
El expresidente catalán, de 95 años, comparece este lunes por la fortuna oculta en Andorra mientras los forenses determinarán si está en condiciones físicas y cognitivas para responder ante el tribunal

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
Jordi Pujol vuelve este lunes a escena en uno de los juicios más simbólicos de la historia reciente de España. El expresidente de la Generalitat, de 95 años, ha sido citado por la Audiencia Nacional para declarar por la fortuna oculta de su familia en Andorra, aunque antes deberá pasar un examen médico decisivo.
El exdirigente nacionalista está citado a las 9:30 horas para ser evaluado por médicos forenses y media hora después está prevista su declaración. Todo dependerá de si los especialistas consideran que se encuentra en condiciones físicas y cognitivas adecuadas para afrontar el interrogatorio.
La decisión llega después de que la Clínica Forense de Barcelona concluyera en un informe previo que Pujol no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio” ni tenía capacidad para defenderse de forma “autosuficiente”. Aún así, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada decidió esperar al momento de su comparecencia para adoptar una decisión definitiva.
Si finalmente no declara, será su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien tome la palabra. La Fiscalía pide para él 29 años de prisión al considerarle el principal gestor de la supuesta estructura familiar de ocultación patrimonial.
Para el propio Pujol, el Ministerio Público solicita nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. También están acusados varios de sus hijos y empresarios presuntamente vinculados al movimiento de fondos en Andorra.
Intérpretes de catalán
Según ha trascendido en la planificación del juicio, la Audiencia Nacional también pondrá a disposición de algunos acusados intérpretes de catalán durante las declaraciones previstas esta semana.
El detalle ha llamado la atención en un procedimiento que ya acumula más de una década de investigación, numerosos recursos judiciales y un elevado coste para las arcas públicas desde que el propio Pujol confesó en 2014 que su familia mantuvo durante años dinero sin regularizar en Andorra.