Sánchez acelera sus deudas con el independentismo: más financiación y el catalán como última batalla europea
El Gobierno saca adelante con el apoyo de sólo dos comunidades el modelo pactado con Esquerra, pero Puigdemont reclama todavía un concierto para Cataluña. Al mismo tiempo, Moncloa vuelve a Bruselas para intentar cumplir otra promesa de la investidura y vincula por primera vez las lenguas cooficiales a la futura ampliación de la Unión
Sánchez aún tiene que cumplir promesas con sus socios independentistas
Pedro Sánchez tiene cada vez menos tiempo para pagar las facturas que arrastra desde su investidura y sus socios independentistas no parecen dispuestos a dejarlas para la próxima legislatura. ERC acaba de ver cómo el Gobierno saca adelante su nuevo modelo de financiación autonómica mientras Junts reclama todavía más. Y, casi simultáneamente, Moncloa ha recuperado en Bruselas otra promesa pendiente desde 2023: conseguir que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea.
El primer frente lo abrió Hacienda este viernes. El nuevo sistema salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los votos de Cataluña y Canarias y el rechazo de las otras 13 comunidades de régimen común, incluidas Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE.
Esquerra puede presentar ese paso como el resultado de su negociación con los socialistas. El problema para Sánchez comienza ahora, cuando la reforma llegue al Congreso y necesite unos votos de Junts que Puigdemont no piensa regalar.
Su partido ya anuncia una enmienda a la totalidad y exige un concierto para Cataluña que permita a la Generalitat recaudar, gestionar e inspeccionar el 100% de los impuestos generados allí. Hacienda tampoco da por cerrada la negociación. La consejera catalana Alicia Romero ha pedido a Junts que permita tramitar el proyecto para negociar sus reivindicaciones durante su recorrido parlamentario.
Mientras se discute cuánto más puede ceder Sánchez en Madrid, el Gobierno vuelve a intentarlo en Bruselas. La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera fue uno de los compromisos adquiridos para conseguir la investidura en 2023. Tres años después continúa bloqueada porque requiere unanimidad y varios Estados mantienen dudas jurídicas y económicas.
Moncloa ha decidido ahora probar otra vía. España ha pedido que la cuestión vuelva el próximo 22 de septiembre al Consejo de Asuntos Generales y, por primera vez, la plantea vinculada al proceso de ampliación de la Unión.
La posición transmitida por Exteriores es significativa: España considera que no puede aceptar que la incorporación de nuevos países suponga añadir sus idiomas al régimen lingüístico europeo mientras sigan fuera las tres lenguas cooficiales españolas. Fernando Sampedro, secretario de Estado para la UE, evitó confirmar que España vaya a bloquear futuras adhesiones y aseguró confiar en que el problema quede resuelto antes.
La maniobra tiene además una curiosa coincidencia temporal. Esta misma semana España se unió a Alemania y otros nueve países para reclamar que la política exterior europea deje atrás los vetos "obstruccionistas" que permiten a un Estado bloquear decisiones de los demás.
Ahora Sánchez necesita desencallar en Europa una de las condiciones que Junts puso para hacerle presidente y, en España, necesita nuevamente a Junts para aprobar una financiación concebida inicialmente para satisfacer a ERC.
Los dos partidos independentistas compiten entre sí, pero el resultado para Moncloa se parece bastante: Esquerra cobra lo pactado y Puigdemont eleva el precio. Y el calendario de la legislatura corre para todos.