La Puerta del Sol se le atraganta a Sánchez: los jueces frenan su ofensiva memorialista y dan otra victoria a Ayuso
La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática al apreciar posibles daños a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez
La batalla política y judicial entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid suma un nuevo capítulo. La Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo impulsado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declaraba la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña en la Puerta del Sol, como lugar de memoria democrática por haber albergado décadas atrás la antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo.
La decisión supone un importante balón de oxígeno para Isabel Díaz Ayuso y un revés para Moncloa, que pretendía incorporar el emblemático edificio a los circuitos de memoria histórica mediante placas, señalizaciones y distintivos interpretativos vinculados a la represión franquista.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que, aunque no puede afirmarse de forma categórica que exista un daño irreversible para la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, tampoco puede descartarse ese perjuicio. Precisamente esa posibilidad es la que lleva al tribunal a acordar la paralización cautelar del acuerdo mientras se resuelve el fondo del asunto.
Los magistrados entienden además que la medida podría afectar al normal funcionamiento institucional de la sede de la Presidencia regional, ya que el inmueble no alberga simples oficinas administrativas, sino el centro político del Gobierno autonómico.
El tribunal aprecia riesgo para la imagen de la Comunidad
En el auto, la Audiencia Nacional subraya que existen “dos intereses públicos en conflicto”: el defendido por el Ejecutivo central y el de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la Sala otorga especial relevancia al posible perjuicio institucional que podría sufrir la administración autonómica si el acuerdo siguiera adelante antes de resolverse el recurso.
Los jueces recuerdan también que la declaración de lugar de memoria democrática implica actuaciones visibles sobre el edificio y su proyección nacional e internacional como espacio ligado a la represión franquista, algo que podría generar consecuencias difíciles de revertir posteriormente.
El tribunal concluye que suspender temporalmente el acuerdo no provoca un daño grave al interés general, mientras que mantenerlo sí podría ocasionar efectos negativos para la Comunidad de Madrid. Además, la causa se encuentra vinculada al conflicto positivo de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional, otro de los argumentos que refuerzan la decisión judicial.
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Un magistrado discrepa
La resolución cuenta con un voto particular discrepante. Uno de los magistrados considera que la declaración del edificio como lugar de memoria democrática no perjudica la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, entre otras razones porque los hechos históricos que motivan esa catalogación ocurrieron antes incluso de la existencia de la actual autonomía madrileña.
A su juicio, la paralización de las medidas memorialistas sí perjudica a las víctimas y transmite una imagen negativa del compromiso de España con la reparación democrática y la condena de los episodios más oscuros de su pasado reciente.