A juicio por prevaricación la alcaldesa de Velilla, hermana de 'Gertru', exsecretaria de Zapatero

La Audiencia Provincial de Madrid sentará este miércoles en el banquillo a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, junto a otros tres responsables municipales, por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental relacionado con la actividad del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

La regidora, hermana de Gertrudis Alcázar conocida como “Gertru” y exsecretaria de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años de prisión, además de doce años de inhabilitación para ejercer funciones públicas vinculadas al ámbito urbanístico y medioambiental. Las mismas penas han sido solicitadas para el resto de acusados: un técnico municipal de Urbanismo y dos concejales con competencias en Urbanismo y Medio Ambiente.

El procedimiento judicial tiene su origen en las reiteradas quejas presentadas por vecinos de la zona desde, al menos, 2019. Según sostiene el Ministerio Público, el establecimiento hostelero habría desarrollado durante años celebraciones y eventos en espacios exteriores para los que no contaba con autorización administrativa.

Entre las actividades denunciadas figuran bodas, fiestas privadas, comuniones y otros eventos con música amplificada, espectáculos pirotécnicos y una elevada afluencia de público hasta altas horas de la madrugada. La acusación asegura que muchos de esos actos superaban ampliamente los horarios permitidos por la normativa autonómica.

Pese a las numerosas denuncias registradas y a las actuaciones practicadas por la Policía Local, la Fiscalía considera que el Ayuntamiento no adoptó medidas eficaces para frenar la situación. De hecho, el escrito de acusación recoge que únicamente se iniciaron cuatro expedientes sancionadores y que ninguno llegó a resolverse de forma definitiva.

Para el Ministerio Público, los responsables municipales habrían incumplido deliberadamente sus obligaciones de control urbanístico y protección ambiental, dejando sin aplicar medidas de inspección, sanción o suspensión de actividad pese a las supuestas irregularidades detectadas.

Además de las penas de cárcel e inhabilitación, la Fiscalía reclama una indemnización conjunta de 4.000 euros para tres vecinos afectados que se han personado en la causa y que denuncian perjuicios derivados de la actividad desarrollada en el restaurante durante años.

El juicio llega además en un momento de especial exposición pública para el entorno de los Alcázar. El nombre de Gertrudis Alcázar ha reaparecido recientemente en el foco mediático tras ser mencionada en investigaciones vinculadas al denominado caso Plus Ultra y a una presunta trama de tráfico de influencias que instruye la Audiencia Nacional.