Manos Limpias lleva a los tribunales a tres funcionarios por el certificado que permitió el rescate de Plus Ultra
La denuncia atribuye presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental a responsables de la Seguridad Social por avalar la situación de la aerolínea antes de recibir ayudas públicas.
El expresidente Zapatero (izq.) y un avión de la aerolínea Plus Ultra (der.)
El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra tres funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por su intervención en la emisión de documentación relacionada con la situación de Plus Ultra antes de que la compañía accediera al fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI.
La acción judicial se dirige contra Rodrigo Mares Rodríguez, director provincial de la TGSS; José Luis Encinas Prado, subdirector general adjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social; y Belén Fruiters Casado, jefa de sección de la Tesorería de Madrid. Según el escrito, al primero se le atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa, mientras que a los otros dos se les señala por una supuesta falsedad en documento público.
La denuncia toma como referencia las actuaciones que se investigan en la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Plus Ultra. Manos Limpias cita expresamente el auto dictado por el magistrado José Luis Calama, en el que figura un apartado relativo a la deuda que mantenía la aerolínea con la Seguridad Social. También recuerda que parte de la información procede de diligencias abiertas inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que posteriormente remitió el asunto a la Audiencia Nacional.
El certificado cuestionado
Entre los documentos señalados por los denunciantes figura un escrito fechado el 20 de agosto de 2020 y emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Según Manos Limpias, el documento fue firmado por José Luis Encinas Prado y rubricado por Belén Fruiters Casado.
El sindicato sostiene que dicho documento presenta una anomalía formal, ya que no emplea la fórmula habitual de certificación administrativa. En lugar de indicar expresamente que se certifica una determinada situación, el texto señalaba que la sociedad "no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social".
La denuncia recoge además las conclusiones del informe pericial elaborado por la firma Martín Molina, encargado a petición de la magistrada Esperanza Collazos en el marco de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. De acuerdo con ese informe, el documento no acreditaría la inexistencia de deudas vencidas, sino únicamente que no existían reclamaciones pendientes de ingreso por esas deudas.
Manos Limpias también incorpora a su denuncia referencias a una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encuentro aparece mencionado en un informe de la UDEF citado por los denunciantes.
Asimismo, el sindicato apunta a Rodrigo Mares Rodríguez como la persona que habría intervenido para resolver los problemas que tenía la compañía aérea para cumplir los requisitos exigidos para acceder al rescate público. En este sentido, recuerda que el 5 de octubre de 2020 la Dirección Provincial de la TGSS acordó conceder a Plus Ultra un aplazamiento para el pago de una deuda de 451.954,79 euros correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020.
Los denunciantes consideran que esa resolución habría resultado determinante para la situación administrativa de la aerolínea en pleno proceso de evaluación de las ayudas públicas.
En su escrito, Manos Limpias sostiene que los hechos podrían encajar en el artículo 390 del Código Penal, relativo a la falsedad en documento público, y en el artículo 404, que tipifica el delito de prevaricación administrativa cuando una autoridad o funcionario dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
Como parte de las diligencias interesadas, el sindicato solicita la declaración de los tres funcionarios denunciados y propone además la comparecencia como testigos de José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Escrivá. También reclama la incorporación al procedimiento de los certificados cuestionados y del historial de deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social.