Iustitia Europa pone contra las cuerdas a la Fiscalía por Plus Ultra: activan la inspección contra dos fiscales

El escándalo del rescate de Plus Ultra ya no solo amenaza con salpicar a quienes cocinaron o avalaron la operación desde el poder político. La sospecha ha alcanzado ahora a la propia Fiscalía. La fiscal superior de Madrid en funciones, Almudena Lastra de Inés, ha incoado un expediente gubernativo y ha remitido a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado la denuncia presentada por Iustitia Europa contra dos fiscales por su actuación en la causa de la aerolínea rescatada con dinero público.

Las señaladas en la queja son la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y la fiscal destinada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional María Luisa Llop Esteban. El movimiento no es una interpretación política ni una filtración interesada: consta en un decreto oficial fechado el 26 de mayo de 2026, firmado por Almudena Lastra, que acuerda abrir el expediente gubernativo 260/2026 y trasladar inmediatamente la denuncia a Inspección Fiscal.

Cabe recordar que la primera de ellas, Pilar Rodríguez, fue investigada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos junto al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, en el marco de la filtración de los correos electrónicos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su vinculación en la causa radica en que fue ella quien solicitó a su subordinado, el fiscal del caso de fraude fiscal, dichas comunicaciones que después se habrían acabado filtrando.

Dos fiscales bajo la lupa por el rescate más incómodo del Gobierno

La denuncia se refiere a la actuación de ambas fiscales ante el Tribunal de Instancia de Madrid en el marco de las diligencias relacionadas con la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., la compañía que recibió 53 millones de euros en una operación convertida desde hace años en uno de los episodios más comprometidos para el Gobierno.

Según expone Iustitia Europa, su ofensiva parte de informes de la UDEF y de comunicaciones intervenidas en las que aparecerían menciones a “LA FISCAL JEFA”. La formación sostiene que esos elementos justifican investigar si hubo una eventual influencia indebida o una falta de imparcialidad en el criterio fiscal relacionado con el desbloqueo de los fondos públicos destinados a la aerolínea.

Es decir, la pregunta que ahora planea sobre el caso es especialmente grave: si la Fiscalía actuó con plena independencia o si, como sospecha la denunciante, pudo existir algún tipo de interferencia en un rescate multimillonario que lleva años cercando al entorno político del Ejecutivo.

El decreto de Lastra que agrava el terremoto

La resolución firmada por Almudena Lastra es breve, pero su contenido tiene una carga política e institucional evidente. La fiscal superior acuerda tres pasos concretos: incoar el expediente gubernativo, remitir la denuncia a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado y comunicar la decisión a la formación denunciante. Además, deja constancia de que contra el decreto no cabe recurso.

Formalmente, la remisión responde al artículo 163 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que establece que cualquier denuncia o queja relativa a la actuación de fiscales debe trasladarse a la Inspección Fiscal junto a los documentos aportados. Pero que el procedimiento sea reglado no resta gravedad al asunto: la actuación de dos fiscales en el caso Plus Ultra queda ya oficialmente sometida al examen interno de la Fiscalía General.

No hay todavía sanción, ni expediente disciplinario abierto, ni conclusión sobre el fondo. Pero tampoco puede despacharse lo ocurrido como un simple papel administrativo. La denuncia ha sido registrada, el expediente ha sido incoado y la Inspección Fiscal tendrá que estudiar si la intervención de las fiscales denunciadas fue irreprochable o si existe materia para ir más lejos.

Iustitia Europa apunta a la “colonización” de las instituciones

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha elevado el tono tras conocer el decreto y asegura que su formación llegará “hasta el final” para averiguar si pudo modificarse el criterio fiscal en el rescate de Plus Ultra y, en su caso, quién habría dado las órdenes.

La organización considera que la decisión de la Fiscalía Superior de Madrid da entidad a su denuncia y reclama esclarecer si la actuación del Ministerio Fiscal pudo quedar condicionada por intereses ajenos a los principios de legalidad e imparcialidad. Pardo denuncia la “colonización” de las instituciones y sitúa este expediente como una prueba de fuego para la credibilidad del sistema.