El plan del Gobierno 'más progresista' pone en riesgo las pensiones: harán falta 50.000 millones más para sostenerlas
La AIReF prevé que el gasto en pensiones alcance el 14,6% del PIB en 2050 y alerta de transferencias extra de hasta 50.000 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto oficial de clausura del Congreso del Espacio 2026 en el Auditorio Mutua Madrileña.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a advertir de las dificultades que afrontará el sistema público de pensiones en las próximas décadas. Aunque el organismo considera que la reforma supera el examen de la denominada regla de gasto, insiste en que ello no elimina los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Las nuevas proyecciones de la institución sitúan el gasto bruto en pensiones en el 14,6% del PIB en 2050. Al mismo tiempo, estima que la deuda pública podría escalar hasta el 123% del PIB en un escenario sin cambios adicionales, impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto asociado a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.
La AIReF calcula que el gasto neto en pensiones se situará en torno al 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del límite fijado en la normativa aprobada en 2023. Sin embargo, señala que esta mejora respecto a evaluaciones anteriores se debe principalmente a una previsión de mayores ingresos, estimados en un incremento medio del 1,6% del PIB.
La deuda, la gran amenaza
Pese a validar el cumplimiento de la regla de gasto, la Autoridad Fiscal advierte de que el sistema seguirá generando importantes tensiones presupuestarias. Según sus estimaciones, las transferencias del Estado a la Seguridad Social deberán aumentar en al menos 2,3 puntos del PIB hasta alcanzar el 3% del PIB, lo que equivale a unos 50.000 millones de euros adicionales para sostener el pago de las pensiones.
El organismo considera además que ni la inmigración ni una eventual mejora de la natalidad serán suficientes para compensar el impacto del envejecimiento demográfico. Por ello, alerta de que las presiones sobre el gasto público continuarán aumentando durante las próximas décadas.
La AIReF cuestiona igualmente el diseño de la actual regla de gasto de las pensiones al entender que no guarda una relación directa con la sostenibilidad de las cuentas públicas ni con el nuevo marco fiscal europeo, que sitúa la evolución de la deuda como uno de sus principales indicadores de referencia. Por este motivo, reclama una reforma que tenga en cuenta de forma conjunta ingresos, gastos y deuda para evaluar la viabilidad futura del sistema.
A juicio del organismo fiscalizador, si no se adoptan medidas adicionales, el aumento de las transferencias necesarias para financiar las pensiones reducirá los recursos disponibles para otras políticas públicas o incrementará la dependencia del endeudamiento, dificultando el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos por España.