¿Qué teme Leire Díez? La 'fontanera del PSOE' intenta tumbar la resolución judicial que más temen en Ferraz y es clave

La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado anular la resolución en la que el juez Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrar la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar documentación en el marco de una investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional Díez ha argumentado que el auto judicial se habría basado en información personal que ella misma pidió expurgar y que, según su defensa, excede el periodo comprendido entre 2021 y 2023, que es el marco temporal inicialmente fijado en la causa.

La defensa de la exmilitante ha explicado que en febrero ya solicitó que se eliminase del procedimiento cualquier información ajena a ese periodo, así como datos personales o profesionales que no guardasen relación con los hechos investigados. En ese contexto, ha insistido en que debía excluirse todo material que no se ajustase estrictamente al objeto de la investigación. Poco después, el juzgado abrió una pieza separada de expurgo y requirió a la UCO la custodia de los efectos intervenidos, ordenando además no utilizar el contenido de los dispositivos hasta completar ese proceso.

En su escrito, Díez ha sostenido que la supuesta actividad investigada se circunscribe a 2021-2023, en relación con su pertenencia a un grupo denominado “Hirurok” —“nosotros tres”, en euskera—, en el que presuntamente se habrían orientado expedientes de la Administración Pública en beneficio propio o de terceros a cambio de comisiones.

Sin embargo, la exmilitante ha cuestionado que el auto que justificó la entrada de la UCO en Ferraz se haya apoyado en materiales que, según ella, proceden precisamente de ese conjunto de documentos sometidos a expurgo. Díez ha explicado también que algunas conversaciones, reuniones y hechos recogidos por el juez se situarían fuera del periodo investigado, incluso en 2024, lo que a su juicio evidencia que se han incorporado elementos ajenos a la causa.

La defensa ha subrayado que el expurgo es una garantía derivada de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, destinada a evitar que el Estado conserve o utilice información más allá del objeto autorizado judicialmente. Por ello, ha concluido que la utilización de ese material excedería el ámbito legal de la investigación y ha solicitado la nulidad de todas las actuaciones, incluida la resolución del 26 de mayo de 2026, así como cualquier decisión posterior derivada de la misma.