La ‘trama Leire’ y Villarejo: destapan un presunto plan con una lista de políticos del PP, PSOE y Podemos
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela un supuesto intento de pacto con la Fiscalía General del Estado que implicaría al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a la denominada ‘trama Leire Díez’.
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La investigación sobre la denominada ‘trama Leire Díez’ suma un nuevo capítulo tras conocerse un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se recoge un presunto ofrecimiento de pacto con la Fiscalía General del Estado a cambio de información sensible sobre políticos, empresarios y mandos policiales.
El informe, incorporado a la causa que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, apunta a una supuesta estrategia de negociación irregular en la que habrían participado el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la exmilitante socialista Leire Díez.
Según el contenido del móvil de Díez analizado por los investigadores, el documento describiría una reunión con la Fiscalía en la que se planteaba un acuerdo condicionado: aceptación de una pena de prisión que no implicaría ingreso en cárcel, junto a una multa económica y la preservación parcial del patrimonio.
A cambio, el denominado “cliente” debería aportar material sensible —audios, correos electrónicos y documentos— relacionados con distintas causas judiciales y figuras políticas.
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Entre los nombres citados aparecen exdirigentes del PP como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, además de responsables políticos y policiales implicados en causas como Kitchen.
El documento también incluiría referencias a investigaciones vinculadas al PSOE y a Podemos, así como a entidades bancarias como BBVA, en lo que los investigadores interpretan como un intento de recopilación masiva de información comprometida.
La UCO enmarca estos hechos dentro de una presunta operación más amplia para influir o desestabilizar procedimientos judiciales en curso.
El atestado también recoge supuestas reuniones entre Villarejo y Leire Díez. Según los agentes, estos encuentros habrían sido conocidos por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien habría mostrado preocupación por la evolución del caso.
Además, se apunta a que la logística de algunos encuentros habría contado con apoyo de personal vinculado al PSOE, extremo que está bajo análisis judicial.
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Villarejo, por su parte, habría manifestado en conversaciones su percepción de bloqueo institucional en sus procedimientos, mientras que Díez aseguraba estar trabajando para facilitar avances.
Otro de los puntos más delicados del informe se centra en la magistrada Mercedes Alaya, instructora de casos como el ERE de Andalucía. Según la UCO, habría existido un interés en obtener información comprometedora sobre ella.
Incluso se recogen mensajes atribuidos a Díez en los que se habla de “exterminar socialmente” a la jueza, dentro de una supuesta estrategia de desgaste público y mediático. El letrado del comisario jubilado ha declarado que las propuestas atribuidas a Leire Díez carecían de credibilidad y que nunca llegaron a materializarse reuniones con la Fiscalía General del Estado ni con Anticorrupción.
Según su versión, los planteamientos trasladados fueron “poco creíbles y fantasiosos”, descartando que existiera un contacto real con el Ministerio Público en esos términos.