JUCIL exige depurar responsabilidades por las presuntas maniobras contra la UCO y llevará el caso a los tribunales

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha reclamado al Gobierno que se depuren responsabilidades ante las informaciones conocidas en los últimos días sobre supuestas presiones o intentos de interferencia en el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como sobre reuniones mantenidas con Leire Díez relacionadas con investigaciones de especial relevancia.

Ante la gravedad de los hechos conocidos, JUCIL ha anunciado que promoverá su personación como acusación popular en las actuaciones judiciales que puedan derivarse del caso, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de la verdad y proteger el prestigio de la UCO y de la Guardia Civil.

La asociación considera imprescindible que se aclaren todas las circunstancias que rodean estas informaciones y reclama la adopción inmediata de las medidas que correspondan para garantizar la transparencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En un comunicado, JUCIL ha recordado que la independencia de la Policía Judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Por ello, advierte de que cualquier actuación que pueda interpretarse como una injerencia, presión o intento de condicionar investigaciones judiciales debe ser analizada con el máximo rigor y sometida al correspondiente control judicial.

"La UCO no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido. Sus agentes sirven exclusivamente a la ley y a los jueces. Cualquier intento de condicionar, señalar o desacreditar a los investigadores supone un ataque directo a la independencia de la Guardia Civil", ha afirmado Ángel Lezcano, secretario general de JUCIL.

La asociación ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Unidad Central Operativa, considerada una referencia nacional en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las investigaciones complejas. Según JUCIL, los agentes de esta unidad están demostrando su profesionalidad y compromiso con la legalidad incluso en un contexto de especial presión mediática y política.

Asimismo, la organización ha insistido en que los miembros de la UCO deben poder desempeñar su labor con plena autonomía profesional, bajo la dirección exclusiva de jueces y fiscales y con estricto sometimiento a la ley, sin interferencias externas que puedan afectar a su función investigadora.

JUCIL también ha subrayado que la fortaleza de la Guardia Civil reside en la neutralidad, profesionalidad y vocación de servicio público de sus integrantes, valores que, a su juicio, deben preservarse frente a cualquier intento de desgaste institucional.

Por último, la asociación ha recordado que esta situación se produce mientras los guardias civiles continúan reclamando mejoras laborales y profesionales pendientes desde hace años, entre ellas el reconocimiento efectivo de la profesión de riesgo y una equiparación salarial real y completa con otros cuerpos policiales que desempeñan funciones similares.

Desde JUCIL consideran urgente adoptar decisiones que eviten cualquier deterioro de la imagen de una institución integrada por miles de profesionales que diariamente trabajan para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos.