Un sindicato policial rompe el silencio y condena la agresión a una profesora jubilada en Valencia
El Sindicato Reformista de Policías exige investigar la actuación de un agente durante las protestas educativas y reclama responsabilidades políticas y disciplinarias por los hechos ocurridos en la capital valenciana.
Agresión profesora en la manifestación.
La polémica por la actuación policial durante las movilizaciones de la comunidad educativa en Valencia continúa creciendo. A las críticas de sindicatos docentes, organizaciones sociales y representantes políticos se ha sumado ahora una voz poco habitual en este tipo de controversias: la de un colectivo policial. El Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha emitido un contundente comunicado en el que condena de forma expresa la agresión sufrida por una profesora jubilada durante una protesta celebrada en la ciudad y reclama una investigación exhaustiva de lo sucedido.
La organización considera que los hechos son incompatibles con los principios que deben regir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha mostrado su respaldo a la víctima. En el documento, difundido el pasado 2 de junio, el sindicato sostiene que una sociedad democrática no puede permitir que una ciudadana que ejerce pacíficamente su derecho de manifestación termine siendo golpeada durante una intervención policial.
El posicionamiento del SRP resulta especialmente significativo por producirse en un contexto marcado por varias actuaciones policiales que han generado controversia en las últimas semanas. Entre ellas figuran las intervenciones desarrolladas en los alrededores de los estadios Metropolitano, en Madrid, y Mestalla, en Valencia, que fueron objeto de críticas por parte de aficionados y ciudadanos presentes en ambos escenarios.
En relación con la agresión a la docente jubilada, el sindicato reclama que se esclarezcan los hechos con la máxima rapidez y transparencia. Asimismo, exige que se determinen todas las responsabilidades que pudieran derivarse tanto en el ámbito disciplinario como en el político, evitando retrasos o excusas administrativas.
La organización defiende que la función de la Policía debe centrarse en la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía. Por ello, advierte de que cualquier actuación desproporcionada no solo perjudica a la víctima directa, sino que también daña la confianza de la sociedad en las instituciones y afecta a la imagen del conjunto de los agentes que desempeñan su trabajo conforme a la legalidad.
Desde el sindicato reformista insisten además en la necesidad de avanzar hacia un modelo policial basado en la proporcionalidad, el respeto a los derechos fundamentales y la rendición de cuentas. En este sentido, aseguran que mantendrán una actitud vigilante ante posibles abusos y que denunciarán cualquier actuación que se aparte de los principios democráticos que deben inspirar el servicio público.
Más allá de la denuncia por lo ocurrido en Valencia, el comunicado también incorpora un respaldo explícito a las reivindicaciones de la comunidad educativa. El sindicato considera que la educación pública constituye una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el progreso del país, por lo que reclama una financiación adecuada y recursos suficientes para afrontar los retos actuales del sistema educativo.
La controversia sigue abierta mientras las organizaciones docentes mantienen sus movilizaciones y las administraciones implicadas tratan de gestionar las consecuencias políticas de lo sucedido. Por el momento, el agente presuntamente implicado en la agresión ha sido expedientado, mientras continúan las investigaciones internas para determinar el alcance de los hechos.
La entrada en escena de un sindicato policial criticando públicamente una actuación de sus propios compañeros introduce un elemento poco frecuente en este tipo de episodios y añade presión sobre los responsables institucionales encargados de esclarecer lo ocurrido.