Interior elimina la escolta a testigos protegidos para asignar 15 guardaespaldas a Sarah Santaolalla

Hasta quince policías. Esa es la cifra que, según denuncia el sindicato JUPOL, han tenido que abandonar otros servicios de protección para reforzar el dispositivo de seguridad de la tertuliana Sarah Santaolalla. Lo que convierte esta denuncia en especialmente delicada no es el número de agentes movilizados, sino de dónde procederían esos efectivos: de escoltas asignados a testigos protegidos cuya vida corre peligro y de unidades de contravigilancia vinculadas a la protección del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

La denuncia la ha realizado Laura García, portavoz de JUPOL, que asegura que la falta de recursos humanos dentro de la Policía Nacional está obligando a tomar decisiones que afectan a servicios considerados de máxima sensibilidad. Según explica el sindicato, algunos de los agentes destinados al nuevo dispositivo habrían sido retirados de la protección de personas amenazadas de muerte, una circunstancia que consideran difícil de justificar desde el punto de vista operativo.

La polémica no gira únicamente alrededor de la protección de Sarah Santaolalla, sino sobre el criterio seguido para distribuir unos recursos que los propios sindicatos llevan años denunciando como insuficientes. Para JUPOL, el problema no es que se proteja a quien pueda necesitarlo por orden directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino que esa decisión se adopte, presuntamente, sacrificando otros servicios destinados a personas cuya situación de riesgo ha sido previamente evaluada por la propia Administración.

La organización policial sostiene además que el dispositivo destinado por Interior a la colaboradora televisiva alcanza una dimensión poco habitual, con un importante número de efectivos entre escoltas y agentes de contravigilancia. Mientras tanto, recuerdan que existen numerosas unidades que trabajan con plantillas ajustadas y con una carga de servicio creciente.

La denuncia abre una cuestión incómoda para el Ministerio del Interior: cómo se establecen las prioridades cuando los recursos son limitados. Cada policía destinado a una escolta deja de prestar servicio en otra función y, según JUPOL, en este caso el coste lo estarían asumiendo precisamente personas que cuentan con medidas de protección por el riesgo que pesa sobre ellas.

Por eso, más allá del debate político que ya ha generado el caso, la controversia afecta directamente a la gestión de la seguridad pública. La pregunta que plantean los sindicatos es sencilla: si faltan agentes, ¿resulta razonable retirar escoltas a testigos protegidos o efectivos de contravigilancia para destinarlos a otro dispositivo? Esa es la cuestión que ahora sitúa a Grande-Marlaska en el centro de una nueva polémica.

El origen de este blindaje policial se remonta al mes de marzo, tras un altercado a las puertas del Senado entre la tertuliana y el periodista Vito Quiles. A raíz de este incidente, Marlaska le asignó un dispositivo inicial de cuatro agentes «que iban pegados a ella como su sombra», lo que supuso un coste estimado por JUPOL de 12.000 euros mensuales.

Santaolalla interpuso una denuncia aportando un parte de lesiones y solicitó una orden de alejamiento. Sin embargo, la titular del juzgado número 23 de Madrid rechazó la medida al considerar que su vida no corría peligro. Posteriormente, en el mes de mayo, la magistrada acordó el sobreseimiento provisional y archivó la causa al no apreciar ningún tipo de agresión en los vídeos aportados. Una escolta que estaría así totalmente injustificada, tal y como han reiterado a ESdiario en numerosas ocasiones desde distintos sindicatos policiales.