Indignación máxima de fiscales con Peramato y García-Ortiz: exigen respuestas reales por las reuniones secretas con Leire Díez

La indignación ha estallado entre la gran mayoría de los fiscales de nuestro país al conocerse que, según los investigadores, Leire Díez mantuvo varias reuniones con miembros de la Fiscalía General del Estado en la sede del organismo. El propio juez José Luis Calama ha exigido que se aclare la forma y el contenido de las mismas. Las primeras explicaciones desde luego no han convencido entre los miembros de la carrera.

Así lo ha trasladado en una entrevista en ESdiario TV Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha cuestionado con dureza las explicaciones ofrecidas hasta ahora por la Fiscalía General (encabezada ahora por Teresa Peramato) al tribunal que investiga los hechos. “No es suficiente”, ha resumido, al considerar que el comunicado remitido es “muy esquemático y poco informativo”.

Dexeus ha explicado que lo que se ha trasladado no despeja las principales incógnitas: por qué se recibió a determinadas personas en la sede de la Fiscalía General del Estado, sin que conste, según ha señalado, en registros o expedientes internos, y en circunstancias que califica de “inusuales”.

En su intervención, ha puesto el acento en varios elementos que, a su juicio, no encajan con el funcionamiento ordinario de la institución. Entre ellos, ha mencionado que las reuniones se habrían producido sin dejar rastro documental y con intervención de personas de alta relevancia dentro de la organización fiscal en ese momento.

“No consta en ningún libro, registro ni expediente”, ha señalado Dexeus, al referirse a esos encuentros, que, según la versión trasladada por la Fiscalía, serían de carácter inocuo y sin relevancia operativa. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Fiscales ha insistido en que el contexto exige una explicación mucho más detallada. Dexeus ha explicado que lo relevante no es solo el contenido de las reuniones, sino la propia forma en la que se habrían producido: quién las concertó, bajo qué criterio y con qué autorización previa. En ese sentido, ha subrayado que la ausencia de trazabilidad administrativa refuerza las dudas sobre su encaje institucional.

El papel de García Ortiz en esas reuniones: ¿hasta dónde sabía?

Preguntada por la posibilidad de que estos encuentros se hubieran celebrado sin conocimiento del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Dexeus ha evitado afirmarlo de forma categórica. “Habrá que preguntárselo a las personas concernidas”, ha dicho, aunque ha abierto la puerta a que pudiera existir algún tipo de indicación previa dentro de la estructura fiscal. “Es posible que sí hubiera una previa indicación por parte del entonces fiscal general del Estado”, ha explicado, aunque ha insistido en que se trata de una hipótesis que deberá ser aclarada en el marco de la investigación judicial.

Dexeus ha ido más allá al cuestionar la narrativa de fondo que, a su juicio, intenta desligar a la institución de cualquier responsabilidad estructural. Ha señalado que no se trata de un escenario de enfrentamiento generalizado entre jueces y fiscales contra el Gobierno (tal y como defienden desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez), sino de investigaciones diversas, desarrolladas por órganos distintos y con mecanismos de control y revisión.

En su valoración, ha advertido de que simplificar el escenario como una supuesta “ofensiva” del Poder Judicial no responde a la realidad del funcionamiento del sistema. “No hay un concierto ni un conciliábulo”, ha dicho, en referencia a esa interpretación. Para la Asociación de Fiscales, el problema de fondo sigue siendo la falta de transparencia en unos contactos que, por su naturaleza y contexto, siguen generando interrogantes en la carrera fiscal y que, lejos de cerrarse, continúan alimentando el choque institucional en la cúpula del Ministerio Público.