Vox planta cara al reparto de menores: pruebas de edad y tribunales contra el "fraude"

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha elevado el tono contra el reparto de menores extranjeros no acompañados y ha anunciado una doble ofensiva: pruebas de determinación de edad cuando no exista documentación fiable y batalla judicial contra los traslados impuestos desde otras comunidades autónomas.

El dirigente de VOX ha explicado que el Ejecutivo regional ha dado instrucciones para solicitar a la Fiscalía de Menores que se realicen pruebas en todos aquellos casos en los que no haya una acreditación documental fehaciente o existan dudas razonables sobre la veracidad de la edad declarada.

“Queremos saber realmente quién de los menores que están en nuestro sistema de acogida es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos”, ha afirmado Fernández Calle.

La Junta defiende que esta medida busca poner orden en un sistema que considera tensionado y evitar que los recursos públicos destinados a la protección de menores acaben en manos de quienes no cumplen los requisitos legales. Fernández Calle ha vinculado la decisión al “sentido común” y a la necesidad de frenar posibles situaciones de fraude.

"Extremadura no aceptará más imposiciones"

El vicepresidente también ha anunciado que el Gobierno regional recurrirá y agotará todas las vías legales frente a las decisiones que supongan el traslado de menores extranjeros desde otros puntos de España a Extremadura. La Junta llevará estos procedimientos a los tribunales para defender, según ha señalado, los intereses de la región.

“Defendemos así los intereses de los extremeños también en los tribunales”, ha subrayado el consejero de Servicios Sociales.

Fernández Calle ha denunciado que el sistema de acogida extremeño se encuentra “absolutamente al límite”, con 104 menores tutelados actualmente, y ha responsabilizado de esta situación a las políticas de inmigración ilegal “masiva y descontrolada” impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente de VOX ha insistido en que todas las actuaciones se desarrollarán “siempre conforme a la ley”, pero ha dejado claro que el Ejecutivo extremeño no va a mirar hacia otro lado ante un problema que, a su juicio, afecta directamente a los recursos públicos y a la seguridad jurídica del sistema de protección.

“El compromiso de este Gobierno es claro: defender los intereses de los extremeños, cumplir la ley y garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes realmente tienen derecho a ellos”, ha concluido Fernández Calle.