EXCLUSIVA
El 2 de García Ortiz aceptó una denuncia ilegal contra la juez del hermano de Sánchez
El equipo de Villafañe, interlocutor de Leire, rechazó la acusación por nulo encaje legal, pero luego la cursó tras ser imputado Azagra. La fiscalía extremeña la archivó por inadmisible: un condenado por maltrato de género acusaba a Biedma y otros magistrados de complot judicial. Leire y Cerdán coordinaron su denuncia. Callan si la consultaron al One
La Fiscalía de García Ortiz, salpicada por las cloacas de Leire
17 de septiembre de 2024. Leire Díez recibe un explosivo mail del exjuez Saenz de Tejada: una denuncia contra la juez Biedma, investigadora de Azagra, y otros miembros de la cúpula judicial de Badajoz. Les implica en una trama criminal causante de su condena por maltrato psíquico a su esposa.
“Buenas noches Leire. Te lo envío. Al presentarla adjuntaré la documentación que se cita. Ya me dices cuándo la presentamos”. Esta última frase, “ya me dices cuando la presentamos”, prueba que Leire controla el botón ejecutor de la clase judicial que importuna al hermanísimo. ¿Intenta salvar con tal disparo al hermano del presidente sin que lo sepa Sánchez?
No parece. Leire reenvía la denuncia a Cerdán ese mismo día. Y el amo del PSOE le urge: “No falléis con la compra, si lo adelantáis la credibilidad sería del 100%”.
Parece querer adelantar la denuncia contra Biedma a su inminente imputación del hermanísimo. Ferraz tiene prisa. ¿Sánchez no?
La militante socialista avisa al denunciante que espere hasta su ok. Y le corrige el texto: “le he quitado lo que dijeron que producía excesiva dureza”. Leire le da el luz verde el 16 de octubre. “Adelante, mañana”.
Saenz de Tejada la presenta el 21 de octubre ante la fiscalía general del Estado. Y el 6 de noviembre la rechaza a través de la secretaría técnica, controlada por Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz y celoso supervisor de las pesquisas filtradas del novio de Ayuso.
El varapalo es múltiple.
-“El denunciante no es fiscal no cumpliendo por tanto el requisito subjetivo ”.
-“No denuncia conductas llevadas a cabo por miembros de la carrera fiscal, quedando los hechos denunciados fuera de lo previsto”.
- “El ministerio fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”.
-“La denuncia deberá formularse en el Consejo General del Poder Judicial o la A.A. I. (Autoridad Independiente de Protección del Informante”.
El 27 de noviembre es imputado el hermano del presidente. Ese mismo día Saenz de Tejada reitera su denuncia contra Biedma y compañía por burofax ante el mismísimo García Ortiz.
Apenas 48 horas después, la secretaría técnica de Villafañe -más adelante recibirá a los imputados Leire y Teijelo en su despacho dos veces-, da un volantazo.
Pese a que con anterioridad la consideraba inasumible, remite la denuncia a la fiscalía de Extremadura para “su estudio y, en su caso, práctica de diligencias”.
Y dicha fiscalía archiva la denuncia a primeros de junio sin una sola diligencia. Se declara incompetente, como Villafañe antes de desdecirse.
La denuncia inicial tenía los siguientes denunciados:
-Emilio García-Cancho, magistrado del juzgado de instrucción número dos de Badajoz.
-Samanta Rheynolds Barriedo, magistrada de Badajoz y esposa de Emilio García-Cancho.
-Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, abogado de Badajoz y primo y amigo de los dos anteriores magistrados.
-Beatriz Biedma Rojano, magistrada del juzgado 3 de Badajoz.
-Marta Hernández Sánchez, magistrada del juzgado 4 de Badajoz y amiga de Emilio García-Cancho y su esposo.
Pero las sospechas no quedaban ahí: “Existen miembros de la fiscalía de Badajoz y en la Fiscalía Superior de Extremadura que dan cobertura a los denunciados, razón por la que insto a los efectos de que la a fiscalía general actúe desde Madrid o que se realice la supervisión desde Madrid".
Los delitos que les atribuye no pueden ser más graves. “Organización criminal, prevaricación continuada, falsificación continuada, coacciones, delito contra el poder fundamental a la defensa letrada, desviación de poder, revelación de información reservada, delito contra el derecho a la intimidad, torturas y delitos contra la integridad moral, represalias contra el denunciante, tráfico de influencias…”
La Cosa Nostra con toga. Y, para colmo, torturas. Un Guántanamo en Badajoz.
¿Pruebas? “Los ciudadanos y los profesionales de Badajoz son perfectamente conocedores de lo que sucede y nunca o muy rara vez ejercitan ningún tipo de acción que pueda molestar a ninguno de los citados jueces.
No dudan en denunciar, amenazar y coaccionar incluso a los magistrados de la Audiencia Provincial cuando estos dictan resoluciones que a ellos no les parecen correctas”.
Y, por el contrario, “se aceleran las causas que interesan al grupo o algunos de sus miembros sin respetar la legalidad ni los derechos fundamentales de los afectados. Por ejemplo, cuando interesa se investiga con denuedo y publicidad causas por delito contra la hacienda pública en las que no hay investigados ni imputados, caso de David Sánchez”.
El PSOE se alía con un exjuez que no denuncia vicios del caso Azagra, sino un complot de jueces de Badajoz que le costó una condena por maltrato de género psíquico y su carrera.
Incluye en su trama de lawfare a la instructora de Azagra. Al PSOE le basta. Bienvenido al club.
No importa que el Supremo ratificase su condena sin ver complot. Ni aliarse con un maltratador psíquico de género. La ilegalidad no estuvo en la denuncia formulada, sino en su aceptación, a tenor de los escritos de fiscalía.
Sánchez denigra acusaciones de derechas mientras su partido despliega cacerías extrajudiciales y fondos que no recibe para tales fines. Kitchen contra Kitchen.