Bruselas avisa a Sánchez: investigará el accidente de Adamuz si detecta irregularidades
La Comisión Europea recuerda que puede abrir un procedimiento de infracción contra España si aparecen pruebas de vulneraciones en la investigación del siniestro ferroviario en el que fallecieron 46 personas
Estado del tren Iryo del accidente de Adamuz
La Comisión Europea ha lanzado un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en el que perdieron la vida 46 personas. Bruselas ha dejado expresamente abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España si llegaran a acreditarse vulneraciones de la normativa comunitaria durante las actuaciones posteriores a la tragedia.
La advertencia figura en una respuesta oficial remitida por la Comisión al eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, quien había solicitado aclaraciones sobre la preservación de pruebas y sobre la retirada de determinados elementos de la infraestructura antes de que concluyeran las primeras actuaciones de inspección.
Aunque Bruselas afirma que, por el momento, no dispone de evidencias que permitan concluir que la investigación española carece de independencia o que se hayan vulnerado los derechos de los investigadores, sí recuerda que mantiene intactas sus competencias como garante del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
La Comisión subraya que la legislación comunitaria exige que las investigaciones ferroviarias se desarrollen de manera independiente, eficiente y en el menor plazo posible. Asimismo, recuerda que los organismos encargados de investigar accidentes deben actuar libres de cualquier conflicto de intereses y disponer de acceso a toda la información necesaria para esclarecer los hechos.
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El aspecto más delicado de la respuesta europea es que evita avalar expresamente algunas de las actuaciones denunciadas durante el procedimiento judicial. En particular, no entra a valorar si la retirada de posibles pruebas antes de que los investigadores completaran su inventario resultó compatible con las exigencias fijadas por la normativa europea.
Precisamente ahí sitúa el PP el principal foco de preocupación. Según Giménez Larraz, la respuesta de Bruselas deja claro que la puerta a futuras actuaciones comunitarias sigue abierta y que cualquier vulneración acreditada podría tener consecuencias para España.
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"Lo importante ahora es conocer exactamente qué ocurrió en las horas posteriores al accidente, quién tomó cada decisión y si se respetaron todas las garantías exigidas por la legislación europea", ha señalado el eurodiputado popular.
La Comisión recuerda que corresponde en primer lugar a las autoridades y tribunales nacionales depurar responsabilidades. Sin embargo, también deja claro que no descarta intervenir si aparecen pruebas sólidas de que la investigación no se ajustó a las exigencias establecidas por el Derecho de la Unión Europea.