La jueza de Montoro blinda la causa de Adamuz e impide que el ministerio de Puente se inmiscuya

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que instruye la causa del siniestro ferroviario de Adamuz ocurrido en enero y que se saldó con 46 víctimas mortales, ha 'vetado' al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Concretamente, la magistrada ha emitido una diligencia en la que rechaza la personación del Abogado del Estado en representación del Ministerio.

En dicho escrito, considera que "no ha lugar a la personación del Abogado del Estado en nombre de la Administración del Estado-Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en calidad de actor civil, debiendo ejercer las acciones que puedan corresponderle en el procedimiento civil y/o administrativo pertinente".

Una decisión ante la cual se podía interponer recurso de reposición y así lo ha hecho la Abogacía del Estado cuyo recurso ha sido admitido a trámite el día 26 de mayo, al amparo de una supuesta subrogación en la posición de las víctimas del accidente como consecuencia de los anticipos de responsabilidad civil reconocidos por el Real Decreto Ley 1/2026 de 27 de enero de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

Los familiares de las víctimas hunden la maniobra del Estado

Frente a ello, representantes de familiares de víctimas han realizado alegaciones para impugnar el referido recurso en base a "la inexistencia de causa que legitime a la Abogacía del Estado para personarse como actora civil", porque "nada acredita la Abogacía del Estado sobre presuntos anticipos reconocidos en el Real Decreto Ley, ya que, hasta la fecha, salvo error u omisión de esta parte, las ayudas que han sido concedidas, que no abonadas, son las reconocidas en los artículos 1 a 8 de la mencionada norma, las cuales nada tienen que ver con las posibles indemnizaciones que por responsabilidad civil puedan reconocerse a las víctimas en el presente procedimiento".

Por el contrario, agregan, "ninguna resolución ha recaído respecto a los anticipos de indemnizaciones civiles que pretenden dar amparo a la personación, anticipos, que, a pesar de haber sido reclamados por los afectados, sin embrago no han sido incluidos, sino excluidos expresamente de las resoluciones que se han dictado en ejecución del Real Decreto Ley".

A los efectos de poder incluso plantearse la posibilidad de personación, apuntan que "la Abogacía del Estado debió, cosa que no ha realizado, acreditar el pago a los perjudicados en el presente procedimiento, ya que la jurisprudencia mencionada por el propio recurso que ahora se impugna, exige como requisito necesario para la personación como actor civil en subrogación de las víctimas del hecho delictivo, que el abono se haya hecho de manera efectiva y no meramente ideal o, por haber sido reconocida, como en este caso, en una norma legal que hasta el momento no ha sido llevada a efecto".

Por otro lado por la aseguradora de Adif, se ha procedido a ingresar en la cuenta de consignaciones del Tribunal, para que se haga pago a los afectados, "las cantidades que, de manera provisional, pero en importes muy superiores a los anticipos establecidos en el Real Decreto Ley 1/2026, se han calculado para satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito, por lo que al haber consignado el pago de dichas cantidades no resulta ya posible esa supuesta subrogación recogida en la norma, pues las responsabilidades han sido abonadas para su abono a las víctimas, sin perjuicio de que por parte del Tribunal no se ha procedido aún al abono a las víctimas", según indican.