La condena de Ábalos cruza fronteras desafiando al Supremo: su abogado prepara la batalla europea
Marino Turiel denuncia «arbitrariedad» en la sentencia del caso mascarillas, cuestiona el premio judicial concedido a Aldama y anuncia que recurrirá por vulneración de derechos fundamentales
El exministro José Luis Ábalos en su casa
La defensa de José Luis Ábalos ya prepara una ofensiva judicial contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro de Transportes a 24 años y tres meses de prisión. Su abogado, Marino Turiel, considera que el fallo contiene un análisis «arbitrario» de las pruebas y anuncia que agotará todas las vías disponibles hasta intentar llevar el caso ante la Justicia europea.
El letrado realizó estas declaraciones después de visitar a Ábalos en la prisión de Soto del Real, donde permanece encarcelado junto a su antiguo asesor Koldo García desde noviembre. Turiel describió la resolución como «dura y extrema» y aseguró que su cliente recibió el contenido de la sentencia con «muchísimo estupor», aunque mantiene intacta su voluntad de combatirla.
«Sigue teniendo muchas ganas de lucha», afirmó el abogado, que sostiene que el exdirigente socialista continúa defendiendo su inocencia pese a la contundencia de una condena dictada por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
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La defensa buscará vulneraciones de derechos fundamentales
El principal obstáculo para Ábalos es que la sentencia procede del órgano judicial de mayor rango dentro de la jurisdicción ordinaria. Al haber sido juzgado directamente por el Supremo debido a su condición de aforado, no dispone de una segunda instancia ordinaria en la que volver a discutir la valoración de las pruebas.
La estrategia de Turiel se centrará, por tanto, en denunciar posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción y el juicio. La defensa ya había cuestionado anteriormente la falta de tiempo para preparar una causa especialmente voluminosa y había advertido de dificultades para acceder y examinar toda la documentación.
El primer movimiento podría pasar por solicitar la nulidad de la sentencia y acudir posteriormente en amparo ante el Tribunal Constitucional. Solo después de agotar las vías internas podría intentar llevar sus reclamaciones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Turiel cree que existe margen para discutir cómo se desarrolló el procedimiento y cómo se construyó el relato probatorio que ha terminado colocando a Ábalos ante una pena superior a las dos décadas de cárcel.
Turiel cuestiona que Aldama evite la prisión
El abogado también cargó contra el diferente destino judicial de los tres principales acusados. Mientras Ábalos ha recibido 24 años y tres meses y Koldo García una condena cercana a los 20 años, Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, pero no tendrá que ingresar en prisión gracias a la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia.
La sentencia considera decisiva la información aportada por el empresario para descubrir y acreditar diferentes actuaciones delictivas. La defensa del exministro, sin embargo, cuestiona que esa cooperación pueda justificar una diferencia tan profunda entre las penas.
Preguntado por qué Ábalos no siguió el mismo camino que Aldama, Turiel rechazó que defender la propia inocencia pueda interpretarse como una falta de colaboración. El letrado recordó que cualquier acusado tiene derecho a negar los hechos y exigir que sean las acusaciones quienes demuestren su responsabilidad.
La posición de Ábalos ha sido desde el principio incompatible con admitir delitos para obtener una rebaja de condena. Una decisión que, tras conocerse el fallo, ha terminado situándolo en el extremo opuesto a Aldama: el empresario evita la cárcel mientras el exministro afronta una de las penas más elevadas impuestas a un antiguo miembro del Gobierno.
Ábalos mantiene la lucha desde Soto del Real
El Supremo considera probado que Ábalos utilizó su posición al frente del Ministerio de Transportes para favorecer intereses vinculados a Aldama y obtener a cambio dinero, viviendas y otras ventajas. La sentencia le atribuye delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias dentro de la trama relacionada con los contratos de mascarillas durante la pandemia.
La defensa rechaza esas conclusiones y anticipa una batalla judicial larga. Turiel admite que ya no puede plantear una apelación ordinaria sobre la prueba, pero confía en abrir una nueva vía mediante la denuncia de irregularidades que, a su juicio, afectaron al derecho de defensa y a las garantías de Ábalos.
El Supremo ha pronunciado su última palabra dentro de la jurisdicción ordinaria española, pero el caso todavía puede pasar por el Tribunal Constitucional y, posteriormente, intentar llegar a Estrasburgo. Desde Soto del Real, Ábalos se prepara ahora para convertir la discusión sobre sus 24 años de cárcel en una batalla por sus derechos fundamentales.