Zapatero pide la nulidad total del caso Plus Ultra y que se eliminen todas las pruebas
La defensa del expresidente alega que las evidencias fueron analizadas sin las garantías necesarias y denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que declare la nulidad general de la investigación del caso Plus Ultra y que excluya del procedimiento todas las pruebas obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción.
La petición figura en un escrito presentado por su defensa, que sostiene que durante la investigación se habrían vulnerado el derecho de Zapatero a un proceso con todas las garantías y su presunción de inocencia. También denuncia una posible vulneración de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales.
La defensa pone el foco en el análisis de dos dispositivos considerados relevantes para el procedimiento: un disco duro intervenido al abogado Miguel Palomero y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra, cuyo contenido fue facilitado a la Policía española por las autoridades de Estados Unidos.
Los abogados de Zapatero aseguran que no han localizado una resolución judicial suficientemente motivada que autorizara el análisis del disco duro, en el que aparecieron conversaciones de WhatsApp y otros documentos que posteriormente fueron examinados por la UDEF.
En relación con el teléfono de Reyes, la defensa reclama que se aclare cómo fue incautado, clonado y analizado por las autoridades estadounidenses, así como la forma en la que se preservó su contenido y se garantizó la cadena de custodia antes de ser remitido a España.
Entre los mensajes extraídos de ese terminal figura uno en el que Reyes escribió “nuestro pana Zapatero detrás” al referirse a las gestiones relacionadas con el rescate público de Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones de euros del fondo destinado a empresas estratégicas durante la pandemia.
La solicitud de nulidad se produce después de que se difundieran conversaciones privadas entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, además de datos incluidos en las agendas personales del expresidente.
El juez Calama ha ordenado investigar el origen de esas filtraciones e identificar a sus responsables ante su posible carácter delictivo. El magistrado considera que la publicación indiscriminada de documentos reservados podría encajar en delitos relacionados con la revelación de actuaciones procesales secretas.