Zapatero sigue con medidas desesperadas: pide al juez Calama frenar a la UDEF y excluir su vida privada del caso

El expresidente del Gobierno José Luis Zapatero sigue intentando quitarse problemas de encima y en las últimas horas ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional encargado de su caso, José Luis Calama, que ponga límites a la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al considerar que la Policía ha ido mucho más allá de los hechos que motivaron las diligencias judiciales.

En un escrito presentado por su defensa, Zapatero ha pedido que la UDEF limite sus pesquisas exclusivamente a los hechos recogidos en el auto judicial del 18 de mayo y deje al margen toda la información de carácter personal obtenida durante la investigación.

Denuncia intromisión en su intimidad 

La petición se debe al resultado del ultimo informe de la UDEF del 22 de junio, el cual incorpora las agendas completas y conversaciones de WhatsApp del expresidente, ante lo que su abogado sostiene que, en esa información, se incluyen datos "estrictamente personales" y completamente ajenos al procedimiento judicial.

A su vez, en su escrito denuncia que, por el mero hecho de estar siendo investigado, un ciudadano no pierde sus derechos fundamentales, entre ellos la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos. Asegurando también que, la vida privada del expresidente "no puede ser sometida a escrutinio" de la unidad policial sin una autorización judicial especifica y motivada. 

Apartar el informe de la causa

Además de pedir que se limite el alcance de la investigación, Zapatero ha solicitado al magistrado que devuelva a la UDEF el último informe policial, al entender que analiza hechos completamente ajenos al procedimiento. Documento que, precisamente sostiene que el expediente socialista habría participado en una presunta "dinamita de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia para favorecer los intereses del grupo empresarial peruano Gloria, supuestamente, a cambio de una compensación económica de 200.000 euros entre 2024 y 2025.

La defensa rechaza esas conclusiones y sostiene que ese análisis es fruto de una "investigación prospectiva y no autorizada" por lo que considera que no puede formar parte del procedimiento judicial. Ante los hechos, será el juez Calama quien deba decidir si mantiene el informe policial dentro de la causa o acepta las medidas solicitadas por la defensa del exjefe del Ejecutivo.