Crónica del ascenso político de Belén Gualda (SEPI) a la sombra de Marisu Montero, hoy imputada por Pedraz

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a Belén Gualda, actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dentro de las diligencias del denominado 'caso Leire'. La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos nacida en Granada en 1974 es una de las responsables institucionales de mayor nivel investigados por la adjudicación y gestión de contratos públicos, con especial atención al rescate concedido a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) en julio de 2021.

Según la resolución judicial, que también alcanza a otras 24 personas, Gualda desempeñó un papel relevante en la tramitación de la ayuda. Los informes de la UCO apuntan a que participó en la remisión del expediente al Consejo Gestor del FASEE, asistió a encuentros para agilizar su aprobación y mantuvo contactos con representantes de la empresa. La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de criminalidad compatibles con delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, pertenencia a organización criminal y abuso de información privilegiada.

A pesar de su condición de investigada, el Gobierno ha expresado un respaldo firme a Gualda. Fuentes del Ejecutivo descartan su relevo, defienden que el expediente se gestionó con “pulcritud” y destacan que su trayectoria profesional está “fuera de toda duda”. Desde Moncloa subrayan que la imputación no implica culpabilidad y que la presidenta de la SEPI podrá ejercer plenamente su derecho de defensa.

Una trayectoria a la sombre del socialismo andaluz

Belén Gualda ha desarrollado casi dos décadas de carrera vinculada a la administración pública y a Ejecutivos del PSOE, siempre con un perfil técnico y gestor alejado de la primera línea política. Ingeniera de Caminos por la Universidad de Granada, amplió estudios en la Universidad de Parma (Italia) y cuenta con formación en desarrollo directivo en ETEA y prevención de riesgos laborales.

Su ascenso comenzó en la Junta de Andalucía: fue directora general de Transportes (2008), directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua (2011-2015), Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático con Susana Díaz (2015-2017) y directora gerente de la Agencia de Obra Pública de Andalucía (2017-2019).

En octubre de 2020 dio el salto al Gobierno de Pedro Sánchez como presidenta de Navantia —siendo la mujer más joven en el cargo— y solo cinco meses después, en marzo de 2021, fue nombrada presidenta de la SEPI, impulsada por María Jesús Montero. Y es que la que fuera vicepresidenta y ministra de Hacienda y es la persona clave en el ascenso político de la hoy imputada Belén Gualda.

Al frente de la SEPI durante la peor fase de la pandemia, Gualda supervisó la gestión del FASEE, dotado con 10.000 millones de euros para salvar empresas estratégicas. El rescate a Tubos Reunidos es ahora uno de los principales focos del 'caso Leire'.

La trabajadora pública mejor pagada de España

Según la declaración de bienes publicada en el BOE en 2022, Gualda declaró inmuebles por valor de unos 27.000 euros, depósitos de 19.540 euros, seguros y planes de pensiones por 172.293 euros y un pasivo de 140.800 euros. Su salario ha ido aumentando: 245.125 euros en 2023, 251.242 en 2024 y 258.785 euros en 2025, lo que la convierte en la empleada pública con mayor retribución de España.

Desde su entorno transmiten que afronta la imputación con tranquilidad y descartan que vaya a dimitir. Ahora será la Audiencia Nacional la que determine si existen responsabilidades penales o si su actuación se enmarcó en el ejercicio de sus competencias administrativas.