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Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, admite reuniones con Air Europa antes de comenzar el plazo de ayudas
El dirigente del ente público reconoce encuentros con Globalia y el Ministerio de Economía en los meses previos a la apertura oficial del proceso, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en el rescate, que niega de forma tajante

(Foto de ARCHIVO) El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro
El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha reconocido este viernes que se produjeron reuniones relacionadas con el rescate de Air Europa antes de que se abriera el plazo oficial para la solicitud de ayudas públicas.
Así lo ha trasladado durante su declaración como investigado ante el magistrado José María Escribano, que instruye una causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en la concesión del préstamo de 475 millones de euros otorgado a la aerolínea en noviembre de 2020.
Según fuentes jurídicas, Lora ha respondido a todas las partes personadas y ha defendido la legalidad del proceso, negando que se produjera cualquier tipo de irregularidad o trato de favor hacia la compañía. En este sentido, ha enmarcado las reuniones previas en el contexto habitual de tramitación de un expediente de esta envergadura, subrayando que los contactos respondían a cuestiones técnicas y administrativas.
Cuatro reuniones
En concreto, el vicepresidente de la SEPI ha señalado que se celebraron cuatro reuniones entre los meses de junio y julio de 2020, una vez que la solicitud de rescate fue elevada al Ministerio de Economía. En dichos encuentros participaron representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia —grupo matriz de Air Europa—, así como miembros de la propia SEPI y del Ministerio de Economía, entonces encabezado por la vicepresidenta Nadia Calviño.
No obstante, pese a que existe constancia de la celebración de estas reuniones, las fuentes jurídicas apuntan que no se levantaron actas de las mismas, un aspecto que forma parte de las cuestiones bajo análisis en la investigación judicial. Según el relato de Lora, estos contactos se intensificaron a partir del momento en que el expediente comenzó a avanzar en el ámbito administrativo.
Entre los asistentes a dichos encuentros, figura en al menos una ocasión el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura. El propio Lora ha señalado que su participación fue excepcional y estuvo motivada por la relevancia estratégica de la aerolínea en el contexto del sector aéreo durante la crisis derivada de la pandemia.
La declaración de Lora, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y media, se enmarca en la causa abierta tras la querella presentada por PP y Vox, admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción correspondiente. En un auto, el magistrado considera que los hechos denunciados presentan indicios que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa.
Documentación a aportar
En paralelo, el juez ha acordado una batería de diligencias dirigidas a esclarecer el procedimiento seguido para la concesión del rescate. Entre ellas, ha requerido a la SEPI la identificación de los miembros del consejo gestor implicados en la operación, incluidos vocales con derecho a voto, el secretario del órgano y los técnicos encargados de instruir el expediente, así como los autores de los informes jurídicos que avalaron la concesión del préstamo.
Asimismo, ha solicitado la remisión del expediente completo relativo al rescate, incluyendo actas, borradores, anexos, documentación distribuida en las reuniones, listados de asistentes y cualquier comunicación interna o externa relacionada con el proceso. El requerimiento abarca también correos electrónicos, notas internas, informes ejecutivos y comunicaciones mantenidas con gabinetes ministeriales entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
El magistrado ha pedido igualmente los informes de fiscalización y control sobre la operación, así como las posibles observaciones, reparos o recomendaciones formuladas durante el proceso y las respuestas dadas por la SEPI y su consejo gestor. El objetivo es determinar si la tramitación del rescate se ajustó a los principios de legalidad, concurrencia y transparencia exigidos en este tipo de ayudas públicas.
Según las fuentes consultadas, el vicepresidente de la SEPI no ha hecho entrega todavía de la documentación requerida, una cuestión que podría ser relevante en el desarrollo de la investigación en curso.
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Enrique Martínez Olmos