Prohibido moverse en la foto: el PSOE ordena cerrar filas ante la catarata de imputados

Prohibido moverse en la foto. El PSOE y el Gobierno han decidido cerrar filas ante la sucesión de investigaciones judiciales que afecta al partido, al Ejecutivo y a algunos de los principales organismos del Estado. La consigna en Moncloa es resistir: no habrá nuevas dimisiones salvo que aparezcan pruebas inequívocas de comportamientos irregulares.

En el Gobierno admiten que atraviesan una «situación delicada», pero la interpretación instalada alrededor de Pedro Sánchez es que existe una «campaña de desgaste» cuyo verdadero objetivo sería descabezar al Ejecutivo, alcanzar al presidente y perjudicar a su familia. Una tesis que conduce a una conclusión política de primero de resiliencia: ceder una pieza sería abrir la puerta a que cayesen las siguientes.

La estrategia ha quedado especialmente clara tras la citación como investigados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas. La reacción inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue trasladar públicamente su confianza en ambos y confirmar su continuidad en los cargos.

El PSOE siguió exactamente el mismo camino. Montse Mínguez salió en defensa de González y trató de rebajar la trascendencia de sus encuentros con Leire Díez: «Hacer unos cafés es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la Kitchen». La portavoz socialista se ha convertido así en una de las principales voces de la resistencia diseñada desde Ferraz.

Page, puesto firme

Pero la disciplina exigida no afecta únicamente a quienes están siendo investigados. También alcanza a quienes, desde dentro del propio PSOE, cuestionan la estrategia. Emiliano García-Page lo comprobó este fin de semana después de asegurar que el partido atraviesa «el peor momento» de su historia en términos de credibilidad y señalar a Sánchez como un «lastre» para los candidatos socialistas.

La respuesta de Mínguez fue tan educada en las formas como inequívoca en el fondo. «Yo al presidente Page lo respeto como compañero y como presidente de Castilla-La Mancha, pero también le sugiero y le pido que tenga confianza en la Justicia y confianza en los compañeros», afirmó la portavoz socialista.

Page había ido mucho más lejos que cualquier otro dirigente territorial. «¿No somos culpables de nada? ¿No somos responsables de nada de lo que está pasando? ¿Todo es una conjura mundial?», se preguntó el presidente castellanomanchego, que reclamó autocrítica y advirtió incluso del «riesgo evidente» de que el propio PSOE pueda acabar siendo investigado como organización.

Ferraz, sin embargo, no comparte ese diagnóstico. La línea oficial es mantener la presunción de inocencia, expresar confianza en los investigados y resistir la presión política. La misma receta se aplica a Mercedes González, a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes: ninguna de las tres ha abandonado sus responsabilidades.

En el caso de la directora de la Guardia Civil existen incluso voces dentro del Ejecutivo que admiten en privado que sus encuentros con Leire Díez fueron un «error político», especialmente porque no fueron conocidos públicamente hasta que la investigación de la UCO reconstruyó los contactos. Pero en Moncloa separan ese juicio político de la posible existencia de responsabilidades penales.

El Gobierno sostiene que las investigaciones internas abiertas en la Guardia Civil no terminaron con sanciones y considera que no existen motivos suficientes para exigir dimisiones. Una posición que contrasta con la reclamación pública de las principales asociaciones profesionales del Instituto Armado, que han pedido la salida de González y Llamas tras su citación judicial.

La resistencia no es nueva. En las últimas semanas, Mínguez ha denunciado también la existencia de un calendario judicial acelerado para conseguir que el Gobierno «caiga antes del verano», contraponiendo la rapidez de las causas que afectan al PSOE con la lentitud que, según sostiene, caracteriza a procedimientos relacionados con el PP.

El resultado es una estrategia política de resistencia sin apenas fisuras públicas. Confianza en los investigados, ninguna dimisión sin una prueba considerada concluyente por Moncloa y respuesta inmediata a quienes cuestionen la línea oficial, aunque lleven décadas militando en el partido y gobiernen una comunidad autónoma.

Page ha pedido autocrítica. Ferraz le ha pedido confianza. Las asociaciones de guardias civiles reclaman dimisiones. El Gobierno responde con respaldo. Y mientras las investigaciones judiciales siguen avanzando, la orden política parece cada vez más clara: prietas las filas y prohibido moverse en la foto.