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Suboficiales, oficiales y cabos de la Guardia Civil exigen la dimisión de Mercedes González y del DAO

ASESGC, Unión de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos consideran incompatible que ambos continúen en sus cargos tras ser citados como investigados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izq.); y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto al DAO, Manuel Llamas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izq.); y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto al DAO, Manuel Llamas.EUROPA PRESS / MONTAJE ESDIARIO

Patricia Rodríguez Corchado

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Las tres asociaciones que representan a distintos escalones de mando de la Guardia Civil ASESGC, Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional y la Asociación Profesional de Cabos han reclamado la dimisión de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas.

Las organizaciones se pronuncian después de que ambos hayan sido citados como investigados en una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia. Aunque subrayan que debe respetarse la presunción de inocencia, consideran que esta situación es incompatible con su continuidad al frente de puestos de máxima responsabilidad.

ASESGC, Unión de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos muestran además su preocupación por el impacto que el procedimiento puede tener sobre la imagen de la Guardia Civil, así como por la pérdida de prestigio y confianza que podría generar entre los ciudadanos.

Las asociaciones recuerdan que el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que el procesamiento, la inculpación o la investigación por un delito pueden derivar en una suspensión. También mencionan el artículo 66, que permite apartar de los procesos de ascenso a los miembros del cuerpo inmersos en una causa penal o en un expediente disciplinario.

Los firmantes denuncian que numerosos guardias civiles han sido apartados de sus funciones o excluidos de ascensos y condecoraciones por encontrarse investigados, incluso sin existir una sentencia condenatoria. Por ello, rechazan que quienes aplican esos criterios al resto de agentes queden al margen cuando son ellos los afectados.

No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan”, sostienen las asociaciones.

Comunicado

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