Begoña Gómez vuelve al centro del 'caso Barrabés' tras el paso de la Fiscalía Europea
Las cartas de recomendación firmadas por la esposa de Pedro Sánchez vuelven a cobrar peso después de que el organismo europeo investigue los contratos de Red.es adjudicados a la UTE del empresario
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Begoña Gómez vuelve a situarse en el centro de una de las piezas más sensibles del caso que afecta a su entorno. La Fiscalía Europea ha reactivado el foco sobre los contratos de Red.es adjudicados a una UTE vinculada a Juan Carlos Barrabés, empresario para el que la esposa de Pedro Sánchez firmó cartas de recomendación.
La investigación afecta a tres lotes de Red.es valorados en 10,2 millones de euros y financiados con fondos europeos. Esos contratos fueron adjudicados a la unión empresarial formada por Innova Next y The Valley, en la que participaba el grupo de Barrabés, después de superar al resto de competidores en la fase de valoración técnica.
El caso arrancó tras conocerse que Begoña Gómez había respaldado con cartas de recomendación a esa candidatura. Desde entonces, los denunciantes sostienen que esas misivas pudieron tener relevancia en un procedimiento en el que los criterios técnicos acabaron siendo decisivos para el resultado final.
La Fiscalía Europea ha analizado durante meses la documentación de los expedientes, ha tomado declaración a testigos y ha revisado el sistema de valoración utilizado por Red.es. Tras ese trabajo, ha citado como investigados a Juan Carlos Barrabés y al directivo del organismo público Luis Prieto Cuerdo por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.
Uno de los elementos más cuestionados es la eliminación de 28 ofertas que no alcanzaron el umbral mínimo exigido en los criterios dependientes de un juicio de valor. Esa criba dejó fuera a numerosos licitadores antes de que el precio pudiera pesar plenamente en la adjudicación.
Los primeros denunciantes ya habían puesto el acento en ese punto en 2024. A su juicio, el mecanismo empleado por Red.es pudo reducir artificialmente la competencia y favorecer a la oferta que terminó ganando los contratos. También cuestionaron que la UCO no profundizara en esas circunstancias en su primer informe.
A esa línea se suma el análisis de la Intervención General de la Administración del Estado, que advirtió de que los criterios subjetivos pudieron tener más peso real del previsto. Aunque formalmente el precio representaba el 60% de la puntuación y la valoración técnica el 40%, la fórmula aplicada habría alterado ese reparto en la práctica.
Estos contratos no forman parte de la pieza que instruye el juez Juan Carlos Peinado en Madrid, ya que la Audiencia Provincial determinó que, al tratarse de fondos europeos, la competencia correspondía a la Fiscalía Europea.