Nuevo revés a Moncloa: iniciativa legal clave contra Pedro Sánchez

Hazte Oír ha decidido, tal y como ha informado ESdiario, dar un paso más en su campaña contra la conocida como Ley de Nietos y ha anunciado una nueva ofensiva dirigida directamente a la Junta Electoral Central. La organización considera que el crecimiento del censo de españoles residentes en el extranjero puede comprometer la limpieza de las próximas elecciones generales y ha puesto en marcha una recogida de firmas para reclamar un mayor control sobre las nuevas inscripciones. Una nueva iniciativa legal contra Pedro Sánchez. 

La plataforma sostiene que el Ejecutivo de Sánchez estaría utilizando la ampliación del acceso a la nacionalidad española para incrementar el número de votantes en el exterior de cara a futuros comicios. Por ello, reclama a la Junta Electoral que supervise el proceso de inscripción en el censo electoral y que investigue posibles irregularidades. Y, tal y como ha podido constatar ESdiario, la Junta Electoral ya estudia adoptar medidas oportunas ante lo que es, al menos, "una novedad" en el proceso electoral.

En el escrito difundido por la organización, Hazte Oír sostiene que la denominada Ley de Nietos se ha convertido en una auténtica "Ley del Pucherazo", al entender que permite incorporar al censo a cientos de miles de nuevos electores residentes fuera de España sin que, a su juicio, existan controles suficientes para garantizar la autenticidad del proceso. Se trata de una acusación que el Gobierno no comparte y que la entidad plantea como base de su nueva campaña.

Uno de los principales argumentos es el fuerte crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La organización asegura que cada mes se incorporan alrededor de 16.000 nuevos votantes gracias a la normativa y advierte de que, cuando se celebren las próximas elecciones generales, podrían haberse sumado cerca de 600.000 nuevos electores procedentes del extranjero.

Sostienen que ese incremento podría resultar determinante en provincias donde la diferencia entre bloques políticos suele decidirse por unos pocos miles de votos. En este sentido, cita distintas informaciones periodísticas que apuntan a que el PSOE tendría especial interés en reforzar su respaldo en circunscripciones pequeñas, donde el reparto de escaños resulta especialmente ajustado.

La organización también expresa su preocupación por el sistema de voto exterior y afirma que el procedimiento actual no ofrece, a su juicio, garantías suficientes para verificar que el sufragio sea emitido efectivamente por el titular inscrito en el censo. Además, pone el foco en la tramitación de expedientes en algunos consulados españoles y menciona informaciones periodísticas sobre el elevado número de solicitudes procedentes de Cuba.

Precisamente, Hazte Oír recuerda que parte de su denuncia ya fue trasladada al Parlamento Europeo tras una campaña anterior de recogida de firmas y sostiene que las instituciones comunitarias están analizando la documentación remitida. Ahora pretende abrir un nuevo frente ante la Junta Electoral Central, a la que reclama que ejerza las funciones de vigilancia que le atribuye la legislación electoral.

La entidad asegura que no es la primera vez que recurre a este tipo de iniciativas. Como precedente recuerda la campaña que impulsó contra la posibilidad de utilizar el DNI digital en determinados procesos electorales, una petición que, según la organización, fue atendida posteriormente por la Junta Electoral Central.

El objetivo fijado por la organización pasa ahora por alcanzar las 100.000 firmas ciudadanas para respaldar formalmente su petición. Consideran que aún hay margen para revisar el crecimiento del censo antes de la próxima convocatoria electoral y sostiene que es necesario actuar con rapidez para evitar que las nuevas inscripciones tengan efectos sobre las elecciones previstas para 2027.

Con esta nueva campaña, Hazte Oír vuelve a situar el foco sobre una de las reformas impulsadas durante la legislatura de Pedro Sánchez y eleva el tono de sus críticas contra el Ejecutivo, al que acusa de pretender beneficiarse electoralmente de la ampliación del acceso a la nacionalidad española. Mientras tanto, el Gobierno defiende que la Ley de Memoria Democrática y la denominada Ley de Nietos tienen como finalidad reconocer el derecho a la nacionalidad de descendientes de españoles que hasta ahora no podían acceder a ella, rechazando las acusaciones de manipulación del censo electoral.