La amiga de Sánchez, Mercedes González, puede ir a la cárcel: eso pide la acusación popular

La acusación popular ha pedido al juez Santiago Pedraz la prisión provisional de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil y amiga personal de Pedro Sánchez. No es una petición cualquiera. Se trata de la máxima responsable del instituto armado, primera en ser investigada penalmente desde los tiempos de Luis Roldán, y lo hace por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia.

Los hechos que se le atribuyen son de extrema gravedad: según los informes de la propia UCO que obran en el sumario del “caso Leire”, González habría mantenido al menos tres reuniones con Leire Díez, la supuesta “fontanera” de las cloacas de Ferraz, y habría abierto expedientes internos contra agentes de la Unidad Central Operativa para presionarles y obstaculizar las investigaciones que afectan al entorno del presidente. Mensajes borrados, conocimiento desde mayo de 2025 de la operación de descrédito contra sus propios subordinados… y todo ello mientras la UCO investigaba los casos Koldo, Begoña Gómez, David Sánchez e hidrocarburos.

Que la jefa de la Benemérita sea señalada por conspirar contra la unidad que persigue la corrupción del PSOE no es un detalle menor. Es la prueba más clara de hasta dónde ha llegado la colonización sanchista de las instituciones. Colocaron a una militante de confianza, leal hasta la médula, al frente de la policía judicial que investiga al Gobierno. Y ahora esa misma persona aparece vinculada a la trama que pretendía neutralizar precisamente a esa policía judicial.

La prisión provisional que reclama la acusación popular no responde a un capricho. Responde a la necesidad de evitar que quien tiene acceso a información reservada, mandos operativos y capacidad de influir en testigos siga en su puesto mientras se instruye la causa. El Gobierno, fiel a su manual, la blinda y no plantea su cese. Prefiere la foto de la lealtad antes que la mínima apariencia de decencia institucional.

España lleva años asistiendo a un proceso de degradación sin precedentes: los amigos del presidente no solo ocupan cargos, sino que parecen estar por encima de la ley. Pedir que Mercedes González entre en prisión provisional no es venganza. Es, simplemente, aplicar las mismas reglas que se exigen a cualquier otro ciudadano cuando hay indicios sólidos de que ha interferido en la Justicia. El juez Pedraz tiene ahora la palabra.