La acusación popular pide que Begoña Gómez declare como testigo en la pieza separada sobre el contrato de Barrabés

La acusación popular unificada del 'caso Begoña Gómez', liderada por Hazte Oír, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que cite a declarar como testigo a Begoña Gómez en la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público financiado con fondos europeos y concedido a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Innova Next, sociedad vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, y KPMG.

En el escrito remitido al magistrado, la acusación también solicita que comparezca como testigo Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. Tanto Gómez como Álvarez figuran como investigadas en la causa principal, aunque esta petición se refiere específicamente a la pieza separada abierta para analizar la adjudicación de este contrato.

Además, Hazte Oír reclama que Juan Carlos Barrabés sea citado en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Asimismo, pide la imputación de una veintena de responsables de Red.es, organismo público que adjudicó el contrato bajo sospecha, valorado en 4,05 millones de euros.

La acusación popular también solicita nuevas diligencias documentales y periciales para profundizar en la investigación. Entre ellas, reclama conocer la composición de la mesa de contratación que aprobó la adjudicación, la identidad de la persona que firmó la resolución, el porcentaje de financiación europea del contrato y los informes técnicos utilizados para valorar las ofertas presentadas.

En su escrito, Hazte Oír sostiene que "no puede excluirse a priori" una posible participación directa de Begoña Gómez en los hechos investigados, aunque reconoce que en este procedimiento no consta ninguna carta de apoyo o recomendación firmada por la esposa del presidente del Gobierno.

A juicio de la acusación, la inexistencia de ese documento "no constituye por sí sola un dato exculpatorio", ya que considera que el supuesto favorecimiento pudo haberse producido mediante otros mecanismos. Por ello, entiende necesario esclarecer si existió algún tipo de indicación, comunicación o instrucción verbal que impulsara la adjudicación investigada antes de extraer conclusiones sobre una eventual responsabilidad.

La petición se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporara a la causa un informe en el que sostiene que técnicos de Red.es habrían actuado de forma deliberada para favorecer la adjudicación del contrato a la UTE de la que formaba parte Innova Next.

Según ese informe, los evaluadores omitieron de manera consciente un incumplimiento detectado en la oferta presentada por la UTE: la ausencia del denominado "Libro Blanco", un requisito cuya presentación era exigida en los pliegos de la licitación y que debía ser objeto de valoración. Los investigadores consideran que esa circunstancia habría sido ocultada en los informes técnicos para evitar que pudiera ser detectada por otros licitadores.

Las conclusiones de la UCO proceden, entre otros elementos, del análisis de los correos electrónicos relacionados con los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2024 asumió una investigación sobre diversas adjudicaciones públicas financiadas con fondos comunitarios en las que participó la empresa de Juan Carlos Barrabés.