Hazte Oír lleva a Europa el expediente contra Peinado y denuncia una "captura institucional"

Hazte Oír ha trasladado a las instituciones europeas la actuación del Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, y ha reclamado a Bruselas una intervención firme para acabar con el actual sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

La asociación ha presentado un escrito ante el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea con el objetivo de que el Informe anual sobre el Estado de Derecho en España de 2026 incluya una recomendación específica sobre la renovación del CGPJ.

En concreto, Hazte Oír exige que doce de sus veinte vocales sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, sin intervención de los partidos políticos. La organización considera que esta reforma resulta imprescindible para garantizar la independencia judicial y evitar que el Consejo pueda convertirse en un instrumento de presión contra los magistrados que investigan asuntos relacionados con el poder político.

La iniciativa tiene como telón de fondo la decisión adoptada el pasado 22 de junio por la Comisión Permanente del CGPJ en relación con el juez Peinado. El órgano acordó remitir al promotor de la Acción Disciplinaria la resolución en la que el magistrado aludía a la posibilidad de que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pudieran facilitar una eventual salida de España de Begoña Gómez.

La actuación se produjo después de una queja presentada por el Ministerio del Interior por las consideraciones recogidas por Peinado al justificar las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno.

La Comisión Permanente, profundamente dividida, adoptó su decisión gracias al voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Cuatro de sus ocho integrantes formularon un voto particular discrepante al considerar improcedente utilizar la vía disciplinaria para examinar expresiones incluidas en una resolución judicial.

Hazte Oír interpreta esta actuación como una muestra de los riesgos derivados de la politización del Consejo. La asociación sostiene que un órgano cuyos miembros son seleccionados mediante acuerdos parlamentarios no debería actuar contra un juez a raíz de una queja planteada por el Gobierno, especialmente cuando ese magistrado instruye una causa que afecta directamente al entorno familiar del presidente.

«Un órgano judicial designado por los partidos, que abre expedientes contra jueces a petición del Gobierno que los nombró. Eso no es independencia judicial: es captura institucional», afirma el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga.

La asociación considera que este modelo consolida un reparto político del Consejo incompatible con las recomendaciones formuladas durante años por diferentes organismos europeos. La Comisión Europea ya ha reclamado a España que adapte el sistema de elección de los vocales judiciales teniendo en cuenta los estándares europeos y reforzando su independencia.

El escrito presentado por Hazte Oír pide que el informe europeo de 2026 no se limite a repetir advertencias generales y contenga una petición expresa para que los jueces elijan directamente a los doce vocales de procedencia judicial.

Aunque las recomendaciones contenidas en el Informe sobre el Estado de Derecho no son jurídicamente vinculantes por sí mismas, sirven para ejercer presión política sobre los Estados miembros, evaluar sus reformas y señalar deficiencias en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y funcionamiento institucional.

Hazte Oír ha remitido igualmente su denuncia al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO, a la Comisión de Venecia y a otros organismos internacionales.

La asociación enmarca esta iniciativa en una línea de actuaciones desarrollada ante instituciones europeas para denunciar la situación del Estado de Derecho en España. A su juicio, los informes internacionales, los dictámenes europeos y los debates celebrados en el Parlamento Europeo muestran una creciente preocupación por la independencia de las instituciones españolas.

«Los líderes europeos comienzan a ver a Sánchez como lo que es: un peligro público», sostiene la organización en su comunicado.

Arsuaga considera que Bruselas ya dispone de suficientes elementos para intervenir con mayor contundencia. «La presión institucional acumulada, con informes del GRECO, dictámenes de la Comisión de Venecia, debates en el Parlamento Europeo y muchos más elementos, configura un cuadro que ya no admite mirada de reojo desde los organismos internacionales», concluye el presidente de Hazte Oír.