La UCO solicita clonar el móvil de la antigua mano derecha de Sánchez y de varios trabajadores del PSOE
La Guardia Civil pide a Pedraz analizar los teléfonos del expresidente de Correos, Juanma Serrano, de la gerente socialista Ana María Fuentes, de varios trabajadores del PSOE y de un capitán que estuvo destinado en la propia UCO

El consejero de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI) y expresidente de correos y telégrafos, Juan Manuel Serrano.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorización para acceder y analizar el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, dentro de la investigación sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán.
La solicitud policial se extiende también a los dispositivos de varios trabajadores del PSOE, entre ellos Ana María Fuentes, gerente de la formación e investigada en la causa, además de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. La UCO reclama igualmente examinar el terminal del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien estuvo destinado en esta unidad hasta 2022 y también figura como investigado.
Según consta en el informe remitido a Pedraz, los agentes solicitan autorización judicial para realizar el «acceso, clonado, volcado, visionado y estudio» de los cinco dispositivos. La Guardia Civil considera que su contenido puede resultar determinante para reconstruir las comunicaciones mantenidas entre los investigados y otras personas relacionadas con los hechos.
Los agentes sostienen que existen evidencias de que los titulares de estos teléfonos habrían mantenido «interacciones o comunicaciones» con otras personas investigadas. Por ese motivo, califican el análisis de los terminales como una diligencia de «especial trascendencia para el esclarecimiento» de la causa.
La investigación dirigida por Pedraz se centra en supuestos amaños de contratos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y en la posible existencia de una estructura destinada a obtener información o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno, al PSOE o a personas relacionadas con ambas instituciones.
La UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como supuesto responsable de esa estructura y atribuye a la exmilitante socialista Leire Díez labores de coordinación. Los investigadores analizan reuniones, mensajes, contactos y gestiones realizadas para recabar información sobre jueces, fiscales, mandos policiales y agentes implicados en investigaciones sensibles.
Serrano, bajo el foco por su etapa en Correos
Juan Manuel Serrano fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2014 y 2018, durante su etapa como secretario general del PSOE, y posteriormente presidió Correos entre 2018 y 2023.
El nuevo informe de la Guardia Civil analiza su posible papel en la incorporación de Leire Díez a la empresa pública y en diferentes actuaciones desarrolladas durante su mandato. La UCO considera que Serrano habría favorecido que Díez accediera a un puesto estratégico dentro de Correos, desde el que presuntamente pudo beneficiar a personas o sociedades relacionadas con la trama investigada.
Los agentes investigan también determinados contratos adjudicados durante esa etapa. Entre ellos figuran encargos relacionados con una empresa vinculada al entorno investigado, sobre los que la UCO trata de determinar si existió algún tipo de intervención, conocimiento o autorización por parte de los responsables de Correos.
Los investigadores han incorporado al procedimiento mensajes y conversaciones en los que aparecen referencias a Serrano, a Díez y a otras personas relacionadas con la SEPI. La Guardia Civil pretende comprobar ahora si en el teléfono del expresidente de Correos existen comunicaciones, documentos, archivos o registros de llamadas que permitan reconstruir con mayor precisión esos contactos.
Los móviles de varios trabajadores del PSOE
La petición de la UCO afecta directamente a la estructura interna de Ferraz. Los agentes reclaman analizar el teléfono de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, así como los dispositivos de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, trabajadoras de la formación socialista.
Durante las diligencias practicadas en la sede federal del partido, la Guardia Civil intervino documentación, agendas, dispositivos electrónicos y archivos relacionados con la actividad de varios investigados. Entre el material incautado figuraban también correos electrónicos y teléfonos pertenecientes a personas vinculadas a la organización socialista.
Los agentes quieren determinar si desde esos dispositivos se mantuvieron contactos con Leire Díez, Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano o con otros investigados. También pretenden reconstruir posibles instrucciones internas, movimientos de documentación y comunicaciones relacionadas con las actuaciones que se encuentran bajo investigación.
Las defensas de algunas de las trabajadoras afectadas han cuestionado la legalidad de la incautación de sus dispositivos y han reclamado la nulidad de las actuaciones, al considerar que se realizaron sin las garantías necesarias. Sus abogados sostienen que sus representadas se limitaron a desempeñar tareas administrativas dentro del partido y niegan cualquier participación delictiva.
Un antiguo capitán de la UCO entre los investigados
El quinto teléfono cuyo análisis solicita la Guardia Civil pertenece al capitán Juan Sánchez Yepes, que estuvo destinado en la UCO hasta 2022. Los investigadores tratan de esclarecer qué contactos mantuvo con otros implicados y si pudo facilitar información relacionada con investigaciones policiales o judiciales.
Su condición de antiguo integrante de la unidad concede una especial relevancia a sus posibles comunicaciones. La Guardia Civil quiere comprobar si su experiencia, sus contactos o los conocimientos adquiridos durante su etapa en la UCO fueron utilizados para acceder a información reservada o anticipar movimientos de los investigadores.
El informe se encuentra ahora en manos de Santiago Pedraz, que deberá decidir si autoriza el análisis forense completo de los cinco teléfonos reclamados por la Guardia Civil.