La jueza enmudece a Óscar Puente: “homicidio” y novedades en la causa de Adamuz

Cinco meses después del accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos, la investigación judicial no solo sigue viva, sino que entra en una fase decisiva. Y lo hace con una expresión que cambia por completo el escenario político: la jueza instructora mantiene abierta la causa por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

No se trata de una mera cuestión terminológica. Es la calificación penal sobre la que gira toda la investigación y que la magistrada recogía ya expresamente en un nuevo auto, tal y como avanzaba ESdiario, en el que rechazaba la recusación de dos de los peritos designados por el juzgado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recordaba, además, que esos delitos constituyen el objeto del procedimiento y que será la instrucción la que determine finalmente si se mantienen, se modifican o se archivan. Pero, a día de hoy, la investigación continúa precisamente bajo esa premisa y así va a ser hasta el final, según ha asegurado a ESdiario una fuente jurídica conocedora del caso. Además, explica, “la causa de Adamuz está muy avanzada y podría haber novedades importantes en octubre, siempre con la premisa de la calificación de homicidio imprudente”.

La consecuencia política resulta difícil de ignorar.

Porque si la Justicia investiga un accidente ferroviario bajo la hipótesis de presuntos homicidios imprudentes, inevitablemente el foco termina situándose sobre quienes tenían la responsabilidad última de la infraestructura ferroviaria. Es decir, el Ministerio de Transportes, la empresa pública Adif y todos aquellos responsables técnicos y administrativos cuya actuación o falta de actuación pueda haber influido en el siniestro.

Eso no significa que exista responsabilidad penal atribuida al ministro Óscar Puente. Esa decisión solo podrá adoptarse si la instrucción encuentra indicios concretos contra personas determinadas. Pero políticamente la presión aumenta de forma evidente.

Hasta ahora, Puente ha rechazado asumir cualquier responsabilidad política por el accidente. Desde el primer momento defendió la actuación de su departamento mientras las asociaciones de víctimas reclamaban dimisiones tanto en el Ministerio como en Adif, sosteniendo que el siniestro era evitable.

La investigación, sin embargo, no se detiene.

Al contrario. La jueza acaba de cerrar una de las maniobras procesales que amenazaban con retrasar las diligencias al rechazar la recusación de dos de los tres peritos judiciales. El mensaje resulta claro: la instrucción sigue adelante y los informes técnicos serán la pieza clave para determinar qué ocurrió realmente en el tramo ferroviario donde se produjo el descarrilamiento y la posterior colisión.

Esos informes pueden convertirse en el auténtico punto de inflexión del procedimiento.

De hecho, la propia magistrada ha concedido a los peritos hasta nueve meses, pero como máximo para no demorar el proceso, para elaborar un dictamen técnico exhaustivo sobre la fractura del carril y las posibles causas del accidente, un trabajo que contará con apoyo de laboratorios especializados. Solo esa fase pericial sitúa el horizonte de la instrucción, como mínimo, bien entrado 2027, sin descartar posteriores ampliaciones si aparecen nuevas diligencias o la necesidad de practicar más pruebas. Pero la jueza, siempre respetando la legalidad procesal, "quiere acortar los plazos para no prolongar el sufrimiento de los familiares de Adamuz", apunta a ESdiario la fuente consultada.

La jueza también ha dejado claro que no piensa dispersar el objeto del procedimiento. Ha rechazado incorporar por ahora a la causa las actuaciones del servicio de emergencias 112 porque considera que la prioridad sigue siendo esclarecer las causas del accidente y depurar, en su caso, las responsabilidades derivadas del siniestro ferroviario. El centro de la investigación permanece sobre la infraestructura, su mantenimiento y quienes intervinieron en ella.

La calificación de "presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes" no prejuzga el desenlace judicial, pero sí refleja la extraordinaria gravedad con la que los tribunales están abordando los hechos. Y esa gravedad tiene una evidente dimensión política.

En otras democracias occidentales no son pocos los precedentes de ministros que han abandonado el cargo tras grandes tragedias en infraestructuras públicas sin esperar al resultado de los procesos penales, asumiendo una responsabilidad política. En España, por el contrario, Óscar Puente mantiene que no existen motivos para dimitir.