Pérez de los Cobos avisa a Sánchez: "El poder no puede penetrar en las investigaciones"
El coronel de la Guardia Civil alerta de que la separación de poderes se debilita cuando el Ejecutivo intenta conocer investigaciones reservadas y reivindica la independencia de jueces y policías judiciales
El coronel Diego Pérez de los Cobos, en una imagen de archivo
No habla un mando cualquiera de la Guardia Civil. Habla el coronel al que Fernando Grande-Marlaska destituyó en 2020 tras negarse a facilitar información sobre una investigación judicial reservada y cuya salida de la Comandancia de Madrid fue posteriormente anulada por los tribunales. Seis años después de aquel episodio, Diego Pérez de los Cobos ha vuelto a lanzar una seria advertencia sobre el estado de la separación de poderes en España y sobre los riesgos que entraña la injerencia del poder político en las investigaciones judiciales.
Durante una conferencia pronunciada en los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en San Lorenzo de El Escorial, el coronel alertó de que la independencia de la Policía Judicial puede verse comprometida cuando el Poder Ejecutivo utiliza su posición jerárquica para intentar acceder a causas reservadas. "El poder político tiene derecho a dirigir la política de seguridad pública, pero no tiene derecho a conocer indebidamente el contenido, la evolución o las diligencias de una investigación judicial reservada", afirmó con rotundidad.
La amenaza del Ejecutivo
Pérez de los Cobos sostuvo que el riesgo alcanza su máxima expresión cuando las investigaciones afectan a personas "cercanas al poder". En esos casos, advirtió, la separación de poderes queda amenazada si el Ejecutivo intenta "penetrar" en procedimientos que corresponden exclusivamente a jueces y fiscales. A su juicio, la Policía Judicial debe servir "a la Justicia y no a la conveniencia del poder", una idea que presidió toda su intervención.
El coronel explicó que el principal problema del modelo español reside en la denominada "doble dependencia" de los investigadores. Mientras funcionalmente responden ante jueces y fiscales, su carrera profesional —ascensos, destinos, retribuciones y medios materiales— continúa dependiendo del Ministerio del Interior. "Quien dirige la investigación no controla la suerte profesional del investigador y quien controla esa suerte profesional no dirige ni debe dirigir la investigación", resumió. Para Pérez de los Cobos, esa "asimetría" constituye "la grieta por la que se cuela todo el problema".
Especialmente contundente se mostró al denunciar que las presiones políticas rara vez se presentan mediante órdenes directas. Según explicó, suelen llegar envueltas en "argumentos razonables y bien construidos", apelando a supuestas necesidades de coordinación o de información a la superioridad, cuando en realidad el objetivo sería acceder al contenido de investigaciones que deben permanecer reservadas.
Entre todos esos argumentos, hubo uno que calificó como el más "insólito" y "peligroso": la idea de que "un ministro no puede enterarse por la prensa" de una investigación que afecta a su departamento. Frente a ese planteamiento, el coronel fue tajante: "Vale más que un ministro se entere por la prensa de una investigación correctamente reservada que contaminar esa investigación para evitarle un sobresalto".
Pérez de los Cobos también mostró su preocupación por un fenómeno que considera todavía más difícil de combatir: que las presiones ya no procedan únicamente del poder político, sino que lleguen a través de la propia cadena de mando de los cuerpos policiales. En ese escenario, dijo, la injerencia se presenta "disfrazada de disciplina interna o lealtad institucional", convirtiéndose en una amenaza especialmente delicada para la independencia de los investigadores.
Como ejemplo de esa presión recordó indirectamente su propio caso. Sin citar expresamente el enfrentamiento que mantuvo con el Ministerio del Interior, señaló que el sistema puede transmitir un mensaje muy peligroso a los mandos policiales: "Quien no informa hacia arriba puede pagar una factura". Una reflexión inevitablemente vinculada al cese que sufrió en mayo de 2020 tras negarse a revelar el contenido de una investigación judicial sobre la manifestación del 8-M, decisión que posteriormente fue anulada por la Justicia al considerar que Interior había actuado al margen del ordenamiento jurídico.
Críticas al proyecto de reforma de la LEC
El coronel dedicó además parte de su intervención a criticar el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A su juicio, el texto introduce mecanismos que podrían debilitar el deber de reserva de la Policía Judicial y abrir nuevas vías para que la cadena jerárquica conozca investigaciones que deberían permanecer exclusivamente bajo el control de jueces y fiscales. "Es un paso atrás que busca lo contrario de lo que debería ser el refuerzo de la independencia judicial", afirmó.
Las palabras de Pérez de los Cobos llegan en un momento especialmente sensible, con numerosas investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno y con un intenso debate sobre la independencia de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Precisamente por ello, su intervención trasciende el ámbito académico y adquiere un evidente contenido institucional: quien un día ganó en los tribunales al Ministerio del Interior advierte ahora de que la mayor amenaza para el Estado de Derecho aparece cuando el poder político intenta conocer aquello que solo corresponde conocer a la Justicia.