¿Por qué David Sánchez conservará el dinero cobrado? El juez Portillo resuelve las claves de la sentencia del 'hermanísimo'

La condena a David Sánchez ha abierto un nuevo frente político y judicial. Mientras desde el Gobierno ya se ha anunciado que se recurrirá la sentencia, el fallo ha dejado varias preguntas en el aire y una de las que más sobrevuelan la opinión pública está relacionada con el dinero. Y es si el hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por la creación ilegal de su puesto de trabajo, ¿por qué no tendrá que devolver el dinero que cobró durante esos años?

Esa cuestión ha centrado parte de la entrevista concedida por el juez Fernando Portillo a ESdiario TV, donde el magistrado ha explicado que la respuesta no está en la valoración que haga el tribunal sobre la conducta del condenado, sino en un aspecto estrictamente procesal: "En este país el juez solo da lo que le piden".

Según ha explicado, ni la Fiscalía ni la Diputación de Badajoz, que era la administración presuntamente perjudicada, solicitaron la devolución de las cantidades percibidas por David Sánchez. 

El magistrado ha recordado que las acusaciones populares sí reclamaron esa devolución, pero ha precisado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que sean ellas quienes soliciten indemnizaciones o restituciones que corresponden a los perjudicados directos o, en su caso, al Ministerio Fiscal. "Como no ha sido el caso, por eso no tiene que devolver el dinero", ha resumido.

El recurso anunciado por el Gobierno

Durante la entrevista también se ha abordado la rapidez con la que el Ejecutivo ha anunciado que recurriría la sentencia, apenas unos minutos después de conocerse el fallo y antes incluso de estudiar sus casi 400 páginas. Sobre este punto, Portillo ha diferenciado entre la actuación de los abogados defensores y la del Ejecutivo.

Ha explicado que es habitual que un letrado anuncie su intención de recurrir nada más conocer una condena, incluso antes de leer con detalle la resolución, porque forma parte de la estrategia de defensa. Sin embargo, ha considerado llamativo que ese anuncio lo hiciera el propio Gobierno. "Lo raro es que sea el Gobierno el que anuncie ya que se va a recurrir", ha afirmado.

El juez ha añadido que cualquier sentencia puede ser objeto de crítica, pero ha insistido en que esa valoración debe hacerse después de conocer sus fundamentos jurídicos. En ese sentido, ha reprochado que se cuestione una resolución judicial sin haberla leído previamente. Para ilustrarlo ha recurrido a una comparación futbolística: valorar una sentencia únicamente por su resultado sería como analizar un partido solo conociendo el marcador, sin saber cómo se desarrolló el encuentro ni cuáles fueron las jugadas decisivas.

Una sentencia "muy garantista"

Portillo también ha puesto el foco en el contenido del fallo. Ha explicado que durante la instrucción fueron desapareciendo algunas acusaciones y que, finalmente, David Sánchez solo ha sido condenado por uno de los delitos que llegaron a juicio. Además, ha destacado que la pena impuesta es la mínima prevista por la ley para ese delito: 9 años de inhabilitación frente a un marco que llegaba hasta los 15.

Por ello, ha rechazado los argumentos que hablan de una persecución judicial. "Hablar de lawfare aquí sería un lawfare muy suave", ha dicho, al considerar que, si hubiera existido un interés político por parte del tribunal, el resultado habría sido muy distinto.

Una plaza creada de forma ilegal

Respecto al fondo del asunto, Portillo ha explicado que la sentencia considera acreditado que el puesto ocupado por David Sánchez fue creado de forma ilegal y que posteriormente también se modificó para adaptarlo a sus preferencias personales. No obstante, ha precisado que el tribunal no ha encontrado pruebas suficientes para condenar por tráfico de influencias.

Según ha señalado, la resolución concluye que la plaza fue diseñada de forma "total y absolutamente ilegal", pero no logra determinar qué motivó esa decisión ni quién impulsó realmente su creación. "No se ha probado que nadie se aprovechara de su condición de hermano del presidente para crear la plaza", ha explicado.

Aun así, ha insistido en que el tribunal sí da por acreditado que tanto la creación inicial del puesto como su posterior transformación se hicieron al margen de la legalidad y con el objetivo de satisfacer los deseos personales de David Sánchez.