Calama mantiene en la causa el informe sobre los 200.000 euros de Zapatero y avala a la UDEF

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para que se retirara de la causa de Plus Ultra el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que analiza los 200.000 euros recibidos por el expresidente del Gobierno entre 2024 y 2025.

Zapatero sostenía que la Policía había realizado una investigación general sobre su actividad personal y profesional, al margen de los hechos concretos por los que estaba siendo investigado. Su defensa pedía que el juez delimitara expresamente las pesquisas, prohibiera el uso de información obtenida para examinar otras actividades y ordenara devolver el informe a los investigadores.

Calama descarta esos argumentos y afirma que no se ha producido una investigación prospectiva. Es decir, que la Policía no comenzó a revisar toda la vida de Zapatero para comprobar si encontraba algún comportamiento delictivo.

Según explica el magistrado, las transferencias aparecieron durante el análisis de pruebas obtenidas legalmente dentro de una investigación que ya estaba abierta. Para el juez, la Policía se limitó a seguir una nueva línea surgida de esas diligencias y que podía tener relevancia penal.

El instructor recuerda que solo existe una investigación prospectiva cuando se abre una causa contra una persona sin indicios concretos y con el único objetivo de examinar globalmente su conducta para ver qué se encuentra. Calama considera que en este procedimiento ocurrió lo contrario, porque ya existían hechos indiciarios y las nuevas operaciones económicas surgieron de fuentes de prueba autorizadas judicialmente.

«La investigación penal no se define por el autor, sino por los hechos que emergen de las diligencias acordadas», señala el magistrado en su resolución. Por ello, sostiene que una instrucción puede avanzar o ampliarse cuando aparecen nuevos datos relacionados con posibles delitos de tráfico de influencias u otros ilícitos penales.

El juez también avala expresamente la actuación de la UDEF. Afirma que los investigadores no practicaron ninguna diligencia sin autorización ni realizaron una fiscalización general de la actividad profesional de Zapatero.

Los agentes analizaron un flujo económico que aparecía en las pruebas incorporadas al procedimiento y que, por su cuantía, origen y contexto, podía servir para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas.

Calama concluye que no se vulneraron los derechos fundamentales del expresidente, que no hubo una intromisión ilegítima en su intimidad y que no existe rastro de una investigación general sobre su vida. Por ese motivo, rechaza retirar el informe de la causa al considerar que contiene hechos relevantes para la instrucción.

200.000 euros por presuntamente mediar entre Gobierno de Bolivia y una empresa de Perú

El documento de la UDEF señala que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como supuesta contraprestación por intermediar ante el Gobierno de Bolivia para beneficiar los intereses del Grupo Gloria, una empresa peruana que mantenía procedimientos judiciales abiertos en ese país.

Los pagos habrían sido justificados mediante un contrato de prestación de servicios de asesoría firmado con Focus Social Research. Sin embargo, los investigadores consideran que se trató de un contrato simulado y que esa sociedad habría actuado como intermediaria para canalizar el dinero.

La Policía sostiene que Focus Social Research únicamente aparece en dos momentos concretos: la firma del contrato y el abono de las facturas. Según el informe, no existen referencias claras a trabajos de gestión o asesoramiento realizados por Zapatero en favor de esa compañía.

Los agentes también destacan que el expresidente habría realizado gestiones para facilitar una reunión entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas.

El informe recoge además que el 30 de mayo de 2025 el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente un amparo solicitado por SOBOCE, una cementera perteneciente al Grupo Gloria, y dejó temporalmente sin efecto una sentencia que obligaba a la compañía a pagar 107 millones de dólares a FANCESA.

Unas semanas después, durante el mes de junio, Focus Social Research habría ordenado dos transferencias de 50.000 euros cada una a favor de Zapatero.

La UDEF considera que la sucesión de contactos, decisiones y pagos permite plantear la existencia de una dinámica de intermediación dirigida a beneficiar al Grupo Gloria a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros. El juez ha decidido mantener esas pesquisas dentro de la causa para que puedan seguir siendo investigadas.