Nuevo escándalo en la Diputación de Badajoz: anulado el nombramiento de la letrada del caso David Sánchez y alegaciones contra su condena

La Diputación de Badajoz no levanta cabeza tras el caso que acabó con la condena a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a 9 años de inhabilitación. En paralelo a las alegaciones presentadas por su defensa ante la Audiencia Provincial, un tribunal ha anulado el nombramiento de Cristina Natalia Correa como letrada de la institución, en un nuevo varapalo a los procedimientos selectivos de la casa.

El abogado Emilio Cortés, representante legal de David Sánchez, ha registrado ante la Audiencia Provincial de Badajoz una serie de alegaciones para que se aclaren y rectifiquen cuatro aspectos clave de la sentencia condenatoria. En la primera alegación, Cortés denuncia que la resolución incluye hechos constitutivos de delito prescritos, relativos a la dotación de la plaza de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios en diciembre de 2016. Estos hechos fueron declarados prescritos al inicio del juicio oral, por lo que su defendido ni siquiera fue interrogado sobre ellos. El letrado exige la supresión de un párrafo concreto de la sentencia que describe la supuesta participación intencionada de Sánchez en el proceso, al considerar que quedó fuera del objeto del pleito.

La segunda alegación se centra en la contradicción sobre el reparto de costas procesales entre los condenados. La tercera señala un error en la datación de un informe-propuesta del Sr. González Márquez (10 de julio en hechos probados frente a 10 de junio en fundamentos de derecho). Por último, se pide corregir un evidente error material: la sentencia menciona que David Sánchez contactó con un testigo a través de Airbnb el 26 de junio de 2027, cuando claramente debía decir 2017.

Anulación del nombramiento de Cristina Natalia Correa

Casi al mismo tiempo, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Badajoz ha dictado sentencia anulando el nombramiento de Cristina Natalia Correa como letrada de la Diputación. El fallo responde a un recurso presentado en abril por otro aspirante, Antonio Prieto, contra la resolución del vicepresidente tercero y diputado delegado del Área de Empleados Públicos.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, ordena retrotraer el procedimiento selectivo al momento anterior a la constitución de la Comisión de Valoración. El tribunal considera que la motivación del acta es insuficiente y no se ajusta a las bases de la convocatoria. Además, critica que el acta solo llevara la firma de uno de los miembros de la comisión (Francisco A. Mendoza, Juan Ovando y Esteban Torres), sin elementos que acrediten la participación efectiva del resto.

Correa había sido previamente promocionada a jefa de Recursos Humanos de la Diputación tras la condena de Juana Cintas Calderón, también implicada en el caso David Sánchez, y compareció como testigo en el juicio contra Sánchez y otros responsables provinciales a propuesta de la propia institución.

Estos nuevos episodios judiciales vuelven a poner el foco sobre los procedimientos de selección y contratación en la Diputación de Badajoz, cuestionados desde el origen del caso que afectó directamente al hermano del jefe del Ejecutivo. Tanto las alegaciones de la defensa de David Sánchez como la anulación del nombramiento de Correa mantienen abierta la polémica sobre la gestión en la institución provincial.